El Senado de la Nación en sesión extraordinaria rechazó ayer el veto del Eje­cutivo a la modificación de la Ley 609, Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que pretende blindar a los jueces camaristas que tomen causas controvertidas en las que los ministros de la Corte se inhiban en su totalidad.

El proyecto de ley plantea que sean apartados de sus car­gos a través de un juicio polí­tico, excluyendo al Jurado de Enjuiciamiento de Magistra­dos (JEM) de esa potestad. Esto considerando que los camaristas asumen la res­ponsabilidad de los minis­tros de la Corte cuando los mismos se apartan de las cau­sas polémicas. Finalmente, el pleno resolvió con 25 votos rechazar el veto del Ejecu­tivo, mientras que uno se abs­tuvo y 11 senadores votaron por la aceptación. El proyecto pasa ahora a Diputados para su consideración.

DESIGNAN EMBAJADORES

Por otra parte, el Senado otorgó acuerdo constitu­cional para designar a Juan Ángel Delgadillo embajador del Paraguay ante el gobierno del Brasil, en reemplazo del ex embajador Hugo Saguier Caballero, quien presentó su renuncia tras la divulgación de la polémica acta bilateral del 24 de mayo.

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Delgadillo ocupaba el cargo de viceministro de Rela­ciones Económicas e Inte­gración en el Ministerio de Relaciones Exteriores desde la asunción de Mario Abdo.

También otorgaron acuer­dos constitucionales para designar a Ceferino Adrián Valdez Peralta en carácter de embajador concurrente ante el Gobierno de la República de Azerbaiyán, con sede en la República de Turquía. Mien­tras que a Juan Francisco Facetti se le otorgó el acuerdo para que sea embajador con­currente ante los gobiernos de las repúblicas de Eslove­nia, Eslovaquia, Bulgaria y Croacia, todos con sede en la República de Austria.

POSTERGACIONES

Varios proyectos de ley que­daron postergados por un plazo de 8 días ante la falta de dictámenes de las comi­siones asesoras, entre ellos se resalta el proyecto de resolu­ción por la cual se insta al Eje­cutivo a trasladar la Emba­jada de Israel de Tel Aviv a Jerusalén. También poster­garon por el mismo plazo el proyecto de ley que obliga a la presentación de declara­ciones juradas de los altos funcionarios del Estado. En tanto que mandaron al “freezer” por tiempo inde­finido el proyecto de ley que deroga a las Fuerzas de Tarea Conjunta.

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