La senadora Mirta Gusinky, madre de Cecilia Cubas, lamentó anoche en Montevi­deo, Uruguay, que no se haya dado todavía una decisión res­pecto a la condición jurídica de los tres prófugos, quienes piden refugio político. Bas­tante desconcertada, visible­mente apenada, afirmó que el argumento de persecu­ción política al que recurren es una excusa para conseguir que se les otorgue el privile­gio del refugio que de ninguna manera pueden tener. “Ellos son criminales comunes”, resaltó.

La legisladora llegó ayer tem­prano a Montevideo junto a su hija Silvia, hermana de Ceci­lia, víctima también de secues­tro por parte del denominado EPP. “Arrom y Martí aparecen en un video de un simulacro de lo que iba a ser el secuestro de mi hija y cuando le detie­nen a Carmen Martínez y su esposo Oviedo Brítez, en San Lorenzo, recuperan ese video”, comentó.

Agregó que los mismos auto­res estuvieron presentes en el secuestro de Fidel Zavala (hoy senador de la nación), quien también viajó al Uruguay para contar lo que pasó y que los vieron durante su cautive­rio. Ambos se encontraron en el lugar.

“En el caso de mi hija, gracias al gran trabajo que hicieron en su oportunidad todo el equipo de la fiscalía, la Fiscalía Gene­ral del Estado, que realmente trabajaron sin descanso, pudi­mos llegar después a descubrir el lugar donde ellos tenían a mi hija en la casa del horror y des­pués a las largas batallas judi­ciales. Hasta tuvimos que ir a la Argentina a traer a cinco que estaban allí, haciéndose pasar por perseguidos políticos; en Paraguay no hay persecución política”, expresó.

Por su parte, Fidel Zavala dijo “queremos que la verdad salga a luz, y no hay dudas de que estos prófugos son parte del grupo armado que está ope­rando en el Norte en donde son varias las víctimas solo por no compartir sus ideales, es por eso que nos hemos organizado para desactivar este grupo cri­minal”, afirmó el senador.

Recordó que el Gobierno para­guayo viene trabajando desde la sesión de la Corte Interna­cional de Derechos Humanos en Costa Rica y que confía en la justicia uruguaya. “Confia­mos que se va a expedir a favor de Paraguay, porque la justi­cia uruguaya actúa en forma criteriosa, independiente, los uruguayos se caracterizan por dar asilo político a extranje­ros, pero no a criminales”.

El dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) fue determinante para el caso, sostuvo el procurador general de la República, Sergio Coscia. “La Corte ha resuelto que la cuestión Arrom, Martí y Colmán no es una cuestión política; y ha determinado que en Paraguay sí existe Estado de derecho y ha determinado que nunca se violaron lo derechos humanos de estas personas.

Con eso se cerró el cír­culo”, afirmó. Mencionó que cuando tuvieron la información de que los acusados estaban en el Uruguay, automáticamente tramitaron una orden de captura internacional. “Se diligenció el exhorto vía Cancillería y de esa manera todas las autoridades tuvieron conocimiento del caso. Ellos tienen que ser juzgados en Paraguay, es lo que pide la ciudadanía. Como Estado libre y soberano pedimos que aquellas personas que cometieron hechos punibles dentro del territorio paraguayo, sean juzgados ahí”, enfatizó.

Para el abogado uruguayo Álvaro Garcé, uno de los profesionales con­tratados por el Gobierno paraguayo, no existen motivos para que la jus­ticia de su país otorgue el status de refugiados a los tres involucrados en los secuestros.

“No hay razones para que sea otorgado el status de refugiados a los tres requeridos por la jus­ticia paraguaya, no hay persecución. El Paraguay ha recuperado el Estado de derecho en 1989 y a lo largo de 30 años se ha tenido un proceso de crecimiento en el Paraguay. Queremos señalar al respecto que la Constitución paraguaya de 1992 hace clara referencia a la protección de los derechos humanos”, mani­festó.

Señaló que Arrom y Martí demandaron al Paraguay por supuestas responsabilidades en torturas y desaparición forzada, la cual fue desestimada por la Corte IDH y, como consecuencia de este hecho, Bra­sil ha entendido que correspondía dejar sin efecto la condición de refugiados de los mismos.