Hoy se realiza la audiencia en la que se sabrá si Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán finalmente podrán ser llevados a Paraguay para responder por el secuestro de María Edith Bordón.

• ENVIADOS ESPECIALES A MONTEVIDEO-URUGUAY
• POR LOURDES PINTOS
• PERIODISTA
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• CHRISTIAN MEZA

Los fiscales Manuel Doldán, de la Unidad de Asuntos Interna­cionales, y Federico Delfino, de la Unidad Antisecuestro, ultiman los detalles con sus pares uruguayos, Stella Llo­rente y Gabriela Aguirre, para la audiencia que se llevará a cabo hoy, a las 16:30 (hora paraguaya), en el Juzgado Penal N° 34 de Montevideo, en la cual se dará a conocer si Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán son benefi­ciados con el refugio político en Uruguay o si finalmente podrán ser extraditados a Paraguay para afrontar juicio oral y público por el secuestro de la empresaria María Edith Bordón.

Al respecto, Doldán manifestó anoche a La Nación, aquí en Montevideo, que el crimen por el cual estas personas están acusadas no constituye un delito político y nunca exis­tió una persecución, que es lo que ellos quieren hacer creer para evitar enfrentar a la Jus­ticia nacional.

“Son varias aristas, Paraguay mantiene la misma postura de siempre, no son delitos políti­cos y tenemos como país las garantías jurídicas suficientes para que puedan enfrentar el proceso. Nunca hubo persecu­ción política y prueba de ello es la libertad de la que gozaban, previo al juicio en Paraguay”, manifestó Doldán.

Es importante mencionar que uno de los requisitos necesa­rios para acceder a la condi­ción de refugiado en el país charrúa, según la Ley 18.076 de Uruguay, es que las perso­nas solicitantes, en este caso Arrom, Martí y Colmán, ten­gan fundados temores de ser perseguidos por pertene­cer a grupos étnicos o socia­les, religión, nacionalidad o por opiniones políticas. Este último punto es lo que los pre­suntos secuestradores alega­ron al presentar la solicitud el pasado mes de junio ante la Comisión de Refugiados (Core).

Consultado acerca de los pun­tos fundamentales en los cua­les la Fiscalía se enfoca para lograr la extradición de estas tres personas, Doldán dijo que son cuestiones comple­jas, pero que en conjunto, con sus colegas Delfino, Llorente y Aguirre, están trabajando para lograr lo que realmente corresponde en este caso, que es ir a juicio de extradi­ción para enviar a Paraguay a estos supuestos criminales.

Es importante señalar que esta primera audiencia de recono­cimiento e identificación entre las partes servirá para clarifi­car el proceso. El procurador general de la República, Sergio Coscia; el ministro del Inte­rior, Juan Ernesto Villamayor; el fiscal de la Unidad Especia­lizada de los Hechos Punibles contra la Libertad de las Per­sonas, Federico Delfino, y el fiscal de Asuntos Internacio­nales, Manuel Doldán Breuer, así como el abogado que liti­gará en el nombre de Para­guay, el doctor Falco Iriondo, se encontraban hasta altas horas de anoche diligenciando acciones para enfrentar hoy la audiencia de reconocimiento e identificación. La jueza Blanca Rieiro, del Juzgado Penal Nº 34 de Montevideo, es la encar­gada de la causa.

Coscia manifestó que el objeto de esta comitiva es delinear una estrategia para el litigio, previamente a la audiencia ini­cial que se llevará a cabo esta tarde. Explicó que el Estado paraguayo contrató los servi­cios del abogado uruguayo Dr. Enrique Falco Iriondo, ya que para litigar el profesional debe estar matriculado en Uruguay.

Según la legislación uru­guaya, durante todo el trá­mite de extradición, los con­nacionales deberán guardar reclusión en carácter de prisión preventiva, hasta la resolución definitiva de las audiencias de extradición. Están en Punta Rieles, hasta donde La Nación llegó ano­che, constatando las estrictas medidas de seguridad, inclu­sive la prohibición de hacer tomas gráficas del lugar.

El país rioplatense cuenta con una institución real sobre la base de la Convención sobre Asilo Diplomático desde 1959.

En un breve recuento de los casos más importantes con relación a los otorgamientos de asilo político por parte de Uruguay, se destacan casos emblemáticos que vincula­ron tanto a paraguayos como a extranjeros.

El caso más sonado fue de José Segovia Boltes, quien fuera ministro de Defensa durante el gobierno de Raúl Cubas Grau. Acontecido el magni­cidio del vicepresidente Luis María Argaña, el ministro Segovia Boltes alegó que su vida corría peligro. Se men­ciona que su casa fue incen­diada. El gobierno uruguayo, durante la presidencia de Julio María Sanguinetti, le otorgó el asilo político en abril de 1999.

El 13 de junio del 2017, Brian Martínez, Rubén Moisés Galeano, Daniel Aquino y Osvaldo Luis Sánchez, con un proceso judicial en su con­tra por el incendio del Con­greso Nacional, ocurrido el 31 de marzo del 2017, solici­taron asilo político al gobierno uruguayo de Tabaré Vázquez. Previo informe de la Comisión de Refugiados de Uruguay, la jueza María Noel Odriozola les concedió el refugio.

El caso más reciente tiene que ver con María Belén Whittingslow, la estudiante de Derecho que denunció al miembro del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistra­dos Cristian Kriskovich por supuesto acoso sexual. La mujer solicitó asilo político en Uruguay. El estatus le fue concedido el 9 de agosto del 2019. Cabe mencionar que la Justicia paraguaya decretó su orden de captura.

Por otro lado, políticos cuba­nos del gobierno de Fulgen­cio Batista fueron también asilados en Uruguay luego de que Fidel Castro accediera al poder. Los cubanos llegaron a Uruguay cuando obtuvieron el salvoconducto para salir de Cuba. Otro caso refiere a los militares venezolanos que detuvieron y custodiaron a Hugo Chávez durante el alza­miento militar del 2002. En mayo del 2003 Uruguay otorgó asilo a 2 militares venezolanos.

A más de 20 kilómetros de la ciudad de Montevideo, en una zona totalmente despoblada y alejada del casco urbano, se encuentra la penitenciaría de Punta de Rieles, cárcel de máxima seguridad en la que guardan reclusión Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán. Así será mientras aguardan el horario en el que serán llevados al Juz­gado Penal N° 34, donde conocerán el resultado de la solicitud de refugio político presentada ante la Core.

Estas tres personas están bajo una estricta vigilancia de las autorida­des del orden de Uruguay. Tal es así que los propios guardias peniten­ciarios se encuentran en constante alerta ante cualquier movimiento extraño que ocurre alrededor del penal. El equipo de La Nación se trasladó hasta el lugar con intenciones de captar algunas imágenes e informaciones respecto a los internos paraguayos, pero los agen­tes manifestaron que por seguridad está totalmente prohibido tomar fotografías del establecimiento y hablar de las personas recluidas.

Las imágenes publicadas fueron tomadas sin que estos se percaten del hecho. Esta misma situación se vivió en la Fiscalía General. El reportero gráfico fue interrogado por uno de los funcionarios respecto a las imá­genes captadas e incluso intentaron que las mismas sean eliminadas.