Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán se exponen a una pena de 18 años de cárcel más 10 años como medida de seguridad, si la justicia los encuentra culpables del secuestro de la empresaria María Edith Bordón, según lo manifestó el ex fiscal general del Estado Óscar Germán Latorre.
El magistrado fue el único testigo presencial que el pasado 7 de febrero declaró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) brindando todos los pormenores del secuestro ocurrido el 16 de noviembre del 2001. El profesional explicó que de lograr la extradición a Paraguay de estas tres personas, lo que corresponde es seguir de manera normal con todos los procesos correspondientes a un juicio oral y público.
“Tienen que ser sometidos al juicio oral y público, se deberá hacer toda la ceremonia propia de un juicio oral. Entiendo que la expectativa de pena es de 18 años más la medida de seguridad. El hecho ocurrió antes de que la ley penal se cambiara y se incrementaran las penas por secuestro, pero las medidas de seguridad ya existían, de manera que siguiendo los antecedentes es posible que se apliquen medidas de seguridad”, sostuvo Latorre en entrevista con Universo 970.
Agregó que los presuntos secuestradores no estuvieron privados de su libertad en ningún momento. Además, el secuestro como crimen es un hecho imprescriptible, por lo tanto tampoco hay riesgo de que la defensa alegue la prescripción de la causa, de manera que el juicio debería continuar normalmente como si la fuga de los supuestos autores no se hubiera producido.
URUGUAY
Consultado respecto a lo que pueda determinar la justicia uruguaya en relación con el pedido de asilo planteado por Arrom, Martí y Colmán, Latorre se limitó a mencionar el antecedente de los cuatro jóvenes que accedieron al refugio en Uruguay, a pesar de estar bajo sospechas de haber participado en la quema del Congreso Nacional, en marzo del 2017.
Sin embargo, dijo que no cree que haya un gobierno serio que otorgue asilo con los antecedentes de la causa en cuestión.
“Me preocupa, con el antecedente que tuvimos con estos cuatro que pidieron refugio con relación al tema de la quema del Congreso. Hay que esperar, yo creo que el fallo de la Corte Interamericana (Corte IDH) constituye un problema bastante grave en el sentido de que no creo que haya un gobierno serio que pretenda dar asilo político con ese antecedente”, señaló.