COMENTARIO
Por Óscar Tuma, político
Cuando un país está atravesando por una crisis, sus autoridades deben ser muy precavidas en su accionar y, especialmente, en la utilización del dinero público y la designación “dedocrática” de las personas que se desempeñan en “cargos de confianza”, que muchas veces no valen para el cargo y su accionar hace que la ciudadanía los “escrache”.
Hoy, el pueblo está harto de los abusos y descaminos de sus autoridades con el dinero del Estado y ya no tolera acciones como las de la presidenta de Petropar, Patricia Samudio, quien alquiló un avión de la Fuerza Aérea paraguaya para trasladar a modelos y artistas a una planta productora de alcohol para festejar el Día del Niño; o el accionar de Nicanor Duarte Frutos, quien procedió a la compra directa de 200 motocicletas para la Policía Nacional. Cuando ni la primera ni el segundo tienen entre sus funciones festejar el Día de Niño ni proveer motocicletas con el dinero del pueblo.
Lo que Patricia Samudio y Nicanor Duarte Frutos deberían hacer es cumplir sus deberes y obligaciones porque cobran para ello y si desean publicitarse, que lo hagan con su dinero y no con el dinero del todos los ciudadanos. A pesar de que como justificativo del despilfarro la presidenta de Petropar afirmó que los fondos fueron donados por personas que nada tienen que ver con Petropar, y Nicanor, que el dinero era destinado a fondos sociales, pero de todas maneras estimó poco inteligente el accionar de los citados en este momento histórico, en el cual un gran porcentaje de los habitantes ataca la administración del presidente Mario Abdo Benítez.
Los funcionarios públicos y sobre todo los que ocupan cargos de confianza del presidente de la República tienen que velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y el ordenamiento jurídico y perseguir la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos al margen de cualquier otro factor personal o familiar que pueda colisionar con los intereses de la administración en la que presten sus servicios. Tienen que comprender de una vez por todas que las empresas públicas que administran no son suyas, que son de los paraguayos, y que el accionar de los administradores debe ajustarse a la ley, que hoy nada es como antes, que la ciudadanía está mucho más atenta y dispuesta a defender los intereses nacionales y no duda ni va a dudar en escrachar a sus “autoridades”, quienes actúan como si la ley no existe, porque el hartazgo de la corrupción e impunidad llegó al cenit y el final y castigo de los administradores de la cosa pública tienen fecha de vencimiento, a pesar de que algunos puedan contar con el apoyo del presidente de la República, apoyo que no va a lograr que la ciudadanía acepte cualquier gestión, al contrario, se hacen acreedores de la antipatía de todos los ciudadanos.
El pueblo paraguayo sabe que sus autoridades tentaron a defraudar a la nación buscando rédito personal, porque es noticia mundial, y ello terminó por minar la alicaída confianza en sus autoridades electas y generó fundadas sospechas de que si los responsables, sin excepción, no son sancionados por lo hecho, podrán volver a intentarlo. Los efectos de la firma del acta han golpeado en la confianza de la población, a lo que se suman las vivencias cotidianas como el festejo del Día del Niño y la compra de las motocicletas, lo que da la pauta de que la corrupción está presente en las entrañas de las instituciones que administran nuestro país y que es uno de los principales desafíos que tiene el partido de gobierno para contrarrestar, a lo que se suman cientos de motivos como ser la inoperancia de algunos ministros que conforman el equipo del Poder Ejecutivo.
Es hora que se haga realidad la promesa del presidente de la República de combatir la corrupción y que comiencen a caer los que tengan que caer y que el partido de gobierno no descanse hasta que los corruptos terminen en la cárcel, labor que cuenta con el apoyo de todos los paraguayos de bien que están cansados de ver que los ladrones y criminales se dan vueltas muertos de la risa por la puerta giratoria de la impunidad provocando corrupción sin límites, cuando todos los paraguayos queremos vivir en paz y no seguir escuchando pretextos que aumentan el hartazgo ciudadano.
El rechazo del juicio político tiene un costo muy alto para el Partido Colorado y le obliga más que nunca a controlar que los administradores de la cosa pública cumplan estrictamente sus deberes y obligaciones, más aún a los que ocupan los cargos de confianza del primer mandatario, quienes deben desempeñarse con altura y patriotismo. Y si no tienen esa aptitud, que tengan la dosis de patriotismo necesaria para renunciar.