Analistas coinciden en que el discurso del Ejecutivo sobre transparencia se vio afectado con la promulgación de la Ley de Declaraciones Juradas de funcionarios públicos. Tanto el abogado Ezequiel Santa­gada, del Instituto de Dere­cho y Economía Ambiental (IDEA), como José María “Pepe” Costa, docente de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), propulsor de la Ley de Acceso a la Infor­mación Pública, consideran que la promulgación de esta legislación es un retroceso para el proceso de transpa­rencia.

La nueva reglamentación establece que solo se puede acceder a las mismas a través de una orden judicial. “Es un retroceso, porque cada vez que se quiere acceder a una declaración jurada, se tendrá que iniciar una acción judicial, lo cual es un retroceso y va de contramano a las tendencias de los países de la región”, sos­tuvo Ezequiel Santagada.

Recordó que según la inter­pretación de dos salas del Tribunal de Apelaciones en lo penal, la ley que reglamenta la presentación de las decla­raciones juradas se comple­menta con la Ley de Acceso a la Información Pública, y en el marco de estas leyes son públicas las mismas.

Además, resaltó que la Orga­nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda utilizar el sistema de publicidad de las DDJJ de las autoridades, teniendo en cuenta que el nivel de responsabilidad de un pre­sidente, legislador, ministro o integrante de la Corte Suprema de Justicia no es la misma.

El profesor “Pepe” Costa considera que se incorpora una traba al acceso a decla­raciones juradas. “Creo que se da un retroceso en mate­ria de transparencia y acceso de informaciones públicas”, indicó en comunicación con La Nación.

Con esto se demuestra que aún existe un grupo que busca mantenerse en el “secre­tismo” y que estaría avalado por el Poder Ejecutivo, que no se vio obligado a vetar la ley. “Es un mecanismo que da abrigo a la corrupción y es el triunfo del secretismo”, sostuvo.

Resaltó el hecho de que la pro­mulgación se dio en un con­texto en el que el Ejecutivo está debilitado y era su opor­tunidad de demostrar que el compromiso con la transpa­rencia no era solo para “enjua­gar” su discurso. “La ambición del secretismo involucra al Ejecutivo, que tuvo un dis­curso a favor de la transparen­cia, pero es solo un discurso porque no se animó a dar un veto”, indicó.

Igualmente, el profesor “Pepe” Costa considera además que esta situación “nos deja fuera de la tónica del acceso a la información pública. Mientras hay paí­ses que facilitan el acceso a las declaraciones juradas de autoridades, acá se esconde todo bajo siete candados y lla­ves como un intento de cubrir hechos de corrupción”.

Resaltó el hecho de que la pro­mulgación se dio en un con­texto en el que el Ejecutivo está debilitado y era su opor­tunidad de demostrar que el compromiso con la transpa­rencia no era solo para “enjua­gar” su discurso.

Para lograr revertir el error, espera que dentro del Parla­mento pueda darse la posibili­dad de plantear una propuesta legislativa que deje sin efecto dicha decisión que ya fue pro­mulgada.