El presidente de la Repú­blica, Mario Abdo Benítez, entregó ayer su celular a los tres fiscales que investigan la firma del acta secreta del 24 de mayo con Brasil, relacionada a la compra de potencia de la Itaipú, para que sus mensa­jes puedan ser cotejados con los del Ing. Pedro Ferreira, ex presidente de la Adminis­tración Nacional de Electrici­dad (Ande). Este había renun­ciado tras negarse a avalar el mencionado documento por considerar que era lesivo para los intereses paraguayos.

Representantes del Minis­terio Público tomaron ayer declaración al jefe de Estado en Mburuvicha Róga en el marco de las pesquisas sobre la negociación con el gobierno de Jair Bolsonaro para la compra de potencia de Itaipú, que se plasmó en un acta bila­teral. La comitiva de la Fisca­lía estuvo compuesta por los agentes Marcelo Pecci, Susy Riquelme y Liliana Alcaraz, quienes llegaron a las 10:00, tal como se encontraba pre­visto, y se retiraron después de las 17:00.

Tras casi ocho horas de decla­ración informativa, los agen­tes anunciaron en rueda de prensa que Abdo Benítez puso a disposición de la Fis­calía su celular con el fin de proveer todos los mensajes en torno a las negociaciones del acuerdo del 24 de mayo, con el fin de compararlos con los mensajes proveídos por el ex titular de la Ande, Pedro Ferreira, quien ya declaró la semana pasada.

En su declaración, el jefe de Estado dijo que no conoce al joven José Rodríguez, quien habría estado actuando como nexo del vicepresidente Hugo Velázquez en las negociacio­nes con Brasil para la compra de energía.

Los fiscales calificaron la declaración tomada al presi­dente de la República como “productiva y detallada”. Además, reafirmaron nue­vamente el compromiso de la institución de “llegar a la verdad” y señalaron que los mensajes serán cotejados con el objetivo de determinar la continuidad de las fechas y entender el contexto de la conversación entre el man­datario y Ferreira.

Los agentes explicaron que los mensajes de Abdo y Ferreira serán revisados minuciosamente para cote­jar las conversaciones, las fechas y entender el contexto de las mismas. Los fiscales no dieron muchos detalles de lo conversado, pero adelanta­ron que el Presidente hizo referencia a su gestión como “administrador general del país” y habló de las reunio­nes previas realizadas antes de la firma del acta del 24 de mayo. Además, dio su versión acerca de la participación de la Ande en la venta de ener­gía y del papel que pudo haber tenido el vicepresidente Hugo Velázquez y el ministro de Hacienda, Benigno López.

El vicepresidente Hugo Velázquez declarará hoy a las 08:00 en la sede de la Vicepre­sidencia de la República.

Los fiscales no dijeron cómo está caratulada la carpeta, pero en la web del Ministerio Público figura la investigación como hecho punible de lesión de confianza y otros ilícitos. “Primero tenemos que saber qué pasó para luego hacer el análisis de punibilidad corres­pondiente”, señaló Alcaraz y agregó que tampoco se puede hablar de sospechas porque no se tiene claro qué pasó.

Pecci indicó que la traición a la patria no está penada y que está ante una causa extensa, compleja y técnica de mucha especificidad. Indicó que tiene una connotación de transnacionalidad y que requerirá un tipo de peri­cia. “Un apresuramiento de actividades podría llevar a una solución final inapro­piada e incorrecta, y eso no vamos a hacer. Vamos a avan­zar con todos los elementos para constatar conductas y hechos”, señaló.

“En este tipo de indagaciones, en realidad, son entrevistas que se hacen técnicamente; el Ministerio Público tiene como único objetivo tener informaciones y no tiene nin­gún tipo de formalidad, como sí lo tiene el juicio oral, en el que realmente se recogen pruebas”, sostuvo la fiscala Liliana Alcaraz. “Lo que se hace es obtener informacio­nes de una manera bastante desformalizada”, insistió.

Marcelo Pecci comentó que la excepción al deber de con­currir ante el Ministerio Público, en el caso de Abdo Benítez y su vicepresidente Hugo Velázquez, se da en razón de la investidura. “La declaración es testimonial, no hay ningún cuestionario. Lo que rige es una excepción al deber de concurrir en razón de la investidura de las altas autoridades, entre ellas el presidente de la República. El mismo criterio de medio de recolección rige para el Vice­presidente”.