La crisis política iniciada en Paraguay a causa de la firma del Acta Bilateral, relativa a la contratación de potencia de la usina hidroeléctrica de Itaipú, cobra dimensiones aún mayores porque ahora en Brasil se abrirá una investigación seria para los responsables de la firma del acta secreta con Paraguay, entre ellos el presidente Jair Bolsonaro.
La diputada federal Gleisi Hoffmann (PT-Paraná) y una coalición de 25 diputados federales han requerido ayer la intervención e investigación de la procuradora general de la República, Raquel Dogde, ante el escándalo energético que involucra a altas esferas.
Los investigados, según el requerimiento, deberán ser nada más y nada menos que el presidente Jair Messias Bolsonaro; Ernesto Henrique Fraga Araújo, ministro de Relaciones Exteriores, y Joaquim Silva e Luna, director general brasileño de la hidroeléctrica de Itaipú, según reza el escrito.
El pedido requiere las siguientes acciones: primero, la apertura del procedimiento de investigación con vistas a determinar la responsabilidad administrativa, civil y penal. Segundo, que sean tomadas todas las medidas necesarias para la determinación de los hechos, con una responsabilidad proporcional por los eventuales hechos ilícitos cometidos. Tercero, que sea investigada la empresa brasileña Léros Comercializadora, supuestamente ligada a la familia del presidente Bolsonaro.
En la argumentación, presentada ante el Congreso Nacional del Brasil, se explicitan las presuntas violaciones cometidas a la Constitución y a las normas éticas que guían a los agentes públicos y políticos. Se manifiesta un presunto crimen de responsabilidad en los actos del presidente Bolsonaro, en específico “improbidad administrativa” (misma tipificación dada a la depuesta Dilma Rousseff).