El Ministerio de Obras Públicas y Comunica­ciones (MOPC), fuer­temente cuestionado por su baja ejecución de obras, can­celó el mes pasado la licita­ción para la rehabilitación y pavimentación del tramo Alberdi-Pilar aduciendo que se violaron cláusulas de con­fidencialidad en el proceso de evaluación.

Desde la cartera de Obras informaron a La Nación que en este segundo semestre se volverá a licitar la obra, pero que todavía no se tiene una fecha exacta.

La obra, correspondiente al lote 1 –desvío Alberdi-Río Tebicuary (51,56 km) y Tra­vesía Urbana Villa Franca (2,297 km)–, había sido adjudicada al Consorcio CTT (Talavera y Ortellado SA y Tecnoedil SA) por G. 377.187 millones, que pre­sentó la oferta más barata de la licitación.

Sin embargo, el Consorcio Constructora Asunción y Asociados, integrado por EDB Construccio­nes y Constructora Asun­ción SA, de Enrique Díaz Benza, presentó una pro­testa ante la Dirección Nacional de Contratacio­nes Públicas (DNCP). A raíz de esto, el ente regula­dor anuló la adjudicación y ordenó que se retrotraiga la licitación a la etapa de evaluación de las ofertas, en abril pasado.

Según el escrito de la pro­testa, el Consorcio CTT incurrió en cuatro incum­plimientos que debieron ser causales de descalifi­cación. Entre los principa­les, EDB alegó que Tocsa, como líder del consorcio, debía tener una obra ejecu­tada por G. 145.000 millo­nes, pero presentó un cer­tificado de una obra por G. 143.000 millones. Cues­tionó además el perfil de profesionales que presentó CTT y la experiencia en la construcción de puentes de envergadura.

Factura anulada presentada por EDB.
Factura anulada presentada por EDB.

Vale señalar que la oferta de EDB en la mencionada lici­tación fue de G. 380.009 millones.

El Fondo de Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) es financista del proyecto.

ANOMALÍAS EN EL PROCESO

Se supo además que el MOPC pasó por alto, al eva­luar las ofertas, documen­tos inválidos presentados por el Consorcio Construc­tora Asunción y Asociados. Adjuntó a su oferta facturas de compra de maquinarias como muestra de su tenen­cia de las mismas, pero estos documentos fueron anula­dos por los emisores tras la apertura de sobres.

Es decir que el convocante –el MOPC– realizó la eva­luación de documentos que no poseen validez. Especí­ficamente, en lo referido a la evaluación de ofertas de “equipos claves para la obra” se evalúan las maquinarias con las que cuenta, conta­ría o alquilaría el oferente y los años de antigüedad de dichos equipos.

El director de Contratacio­nes Públicas, Pablo Seitz, confirmó que existe una investigación abierta al respecto y no descartó que el consorcio en el que está EDB pueda ser sancionado. “Si se detecta que presentó algún documento falso o información de mala fe, independientemente a que se haya cancelado la lici­tación, se puede analizar”, expresó.

La DNCP había anulado en diciembre del 2017 otra polémica adjudicación para este mismo tramo, por lo que el MOPC nuevamente realizó otra licitación. En aquel entonces, el Consor­cio Ypoá (integrado por las compañías paraguayas Construpar SA y Construc­tora Heisecke SA y la uru­guaya Ramón C. Álvarez SA) denunció una intromisión irregular del Fonplata en el proceso licitatorio.

Dictamen del Comité de Evaluación de Ofertas del MOPC de fecha 6 de junio.
Dictamen del Comité de Evaluación de Ofertas del MOPC de fecha 6 de junio.

PRESIONES

Había trascendido en los medios que gremios del sector de la construcción manifestaron que el Consorcio EDB presiona en varias instancias para quedarse con la licitación, que final­mente quedó cancelada.

En el caso de la millonaria licitación de la ruta Alberdi-Pilar, no es el único proceso en el que saltan cuestionamientos contra la ex familia del Presidente.

El nexo con el MOPC y el que gerencia los negocios es el ex cuñado del Presidente, José Díaz Benza.

El cuñado militó fuerte en la campaña política del mandamás, incluso se mostró muy de cerca del ministro de Obras, Arnoldo Wiens.

Entre los hechos atribuidos a fuertes presiones por parte del gerente de la firma del ex suegro del Presidente, figura por ejemplo el cuestionado premio de G. 8.600 millones que la administración de Wiens tenía previsto desembolsar en con­cepto de “bonificación por entrega anticipada” de la pavimen­tación del tramo Santa Rosa del Aguaray-Capitán Bado. Sin embargo, la contratista se retrasó 1.839 días en la entrega de la obra. El trámite de pago se tuvo que dejar en espera des­pués que saltara esta irregularidad.