El Poder Ejecutivo aún no ha designado al sustituto de Alcides Jiménez en la Administra­ción Nacional de Electricidad (Ande) ni al reemplazante de Hugo Saguier, ex embaja­dor paraguayo ante el Brasil, luego de que ambos hayan renunciado a sus respectivos cargos a raíz de la crisis política desatada en nuestro país por el acuerdo “secreto” sobre Itaipú.

Desde la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República, según informó Paola Var­gas para el diario La Nación el viernes pasado, aún no se cuenta con nuevas resolu­ciones presidenciales sobre nombramientos.

El jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, debe poner a altos funcionarios que pue­dan realmente representar a nuestro país para renego­ciar el acuerdo bilateral que fue anulado y más aun con miras a las negociaciones del Tratado de Itaipú en el 2023. Según fuentes, Félix Sosa, un antiguo funcionario de la Ande que ocupó varios car­gos y jefaturas, podría ser el próximo titular de la estatal de electricidad en reemplazo de Jiménez. Este hombre esta­ría supuestamente vinculado al vicepresidente de la Repú­blica, Hugo Velázquez, como así también al clan Samaniego.

Con relación al reemplazo de Saguier en la embajada brasi­leña, se menciona a Federico González, ex viceministro de Relaciones Exteriores y actual director general del Ceremo­nial del Estado. Así también suena como candidato Hugo Cáceres, actual ministro de la Unidad de Gestión.

Los responsables de estos car­gos aún no fueron definidos teniendo en cuenta que luego de la crisis desatada, se plan­teó la posibilidad de enjuiciar al mandatario Abdo Benítez y a su compañero Velázquez por mal desempeño de funciones.

Ambos gobernantes no infor­maron a la ciudadanía sobre las negociaciones que se rea­lizaban a nivel de cancillerías de Brasil y Paraguay en cuanto a la compra de potencias de la hidroeléctrica de Itaipú así como la modificación del acuerdo del cual excluyeron el punto 6, que establecía que la Ande podría vender ener­gía excedente a empresas privadas. Esta negociación fue vinculada al segundo del Ejecutivo y supuestamente se buscaba beneficiar a empre­sas brasileñas ligadas al pre­sidente Jair Bolsonaro.