El titular del Con­greso Nacional, Blas Llano, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), exigió ayer al jefe de Estado, Mario Abdo Bení­tez, la inmediata destitución de los consejeros de la Itaipú Binacional y del Instituto de Previsión Social (IPS). Una tímida reacción en Itaipú se dio en la tarde de ayer, ya que el nuevo titular de la bina­cional, Ernst Bergen, anun­ció que apartaba solo a José Sánchez Tillería. Los demás siguen en sus puestos de con­sejeros.

A través de su cuenta en la red social Twitter, Llano sostuvo que “en mi carácter de pre­sidente del Congreso Nacio­nal, exijo al presidente de la República, Mario Abdo Bení­tez, la inmediata destitución de los consejeros de la Itaipú Binacional y de los conseje­ros del Instituto de Previsión Social”.

El pedido de Llano surge tras la crisis política y social que generó la firma del acta bilate­ral de la binacional entre Bra­sil y Paraguay que fue califi­cada por varios sectores como una acción entreguista.

Por su parte, Ernst Bergen comentó que la “situación” de los consejeros es “una atribu­ción exclusiva del presidente de la República, yo estuve hoy hablando con él. Tengo infor­mación que él está conside­rando cambiar a varios con­sejeros”.

Itaipú tiene un Consejo de Administración com­puesto por 12 consejeros, seis paraguayos y seis bra­sileños, y dos representan­tes de los ministerios de Relaciones Exteriores de cada país. Por el lado para­guayo está conformado por los funcionarios Juan Carlos Barreto Miranda, Ángel Manuel Armando Aquino Etcheverry, Víctor Luis González, Crescencio Molinas Lugo y Federico Alberto González, repre­sentante de la Cancillería.

Actualmente se encuentran vacantes dos lugares, uno dejado por Pedro Ferreira, quien se desempeñó como titular de la Ande, y José Sán­chez Tillería, quien ocupó el cargo de director técnico de la entidad; ambos renun­ciaron por el conflicto del acta bilateral. Alcides Jimé­nez ocupó la presidencia de la Ande por 4 días y luego renunció al puesto.

Por otra parte, existe un largo conflicto en el IPS que guarda relación con el escándalo desatado meses atrás sobre una supuesta irregularidad en una licita­ción multimillonaria para la contratación del servicio de seguridad, que salpicó tam­bién al ex senador liberal Dio­nisio Amarilla por presunto tráfico de influencias.