Hasta este momento no se explicaron las razones por las cua­les el Supremo Tribunal Fede­ral (STF) del Brasil no ejecutó la orden de detención contra Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, inmediata­mente el 23 de julio. Esto per­mitió la fuga de los secues­tradores a Uruguay antes del levantamiento de la difusión roja de la Interpol. Los tres hasta eran considerados como “terroristas” por Jair Bolso­naro y su equipo.

El pasado 31 de julio en Brasi­lia, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, se reunió con el ministro de Justicia del Brasil, Sergio Moro, para fir­mar acuerdos de cooperación judicial. Sin embargo, lo llama­tivo de la reunión es que ni en esa ocasión se informó sobre los motivos del no arresto de los tres prófugos.

Consultados tanto la fiscala general Quiñónez como el fis­cal de Asuntos Internaciona­les, Manuel Doldán, acerca de la razón por la cual el STF no libró la orden de captura, la pri­mera comentó que el ministro Moro simplemente mencionó que los resultados “eran posi­tivos a Paraguay” y alegó des­conocer el procedimiento. Por su parte, Doldán alegó que la decisión de librar orden de cap­tura recae sobre el STF, pero no pudo determinar por qué no se libró la orden de captura habiendo una “cooperación judicial entre ambos países”. Acotó que existen procedi­mientos “bajo sigilo”.

Cabe resaltar la contrariedad de las acciones del gobierno brasileño. Por una parte, el presidente Jair Bolsonaro declaró que el Brasil “no será más refugio de canallas dis­frazados de refugiados polí­ticos”, en directa alusión a Arrom, Martí y Colmán. Por otra parte, el STF brasileño, al no haber emitido orden de captura, dio tiempo a los ex refugiados para bloquear los ficheros de la Interpol a fin de fugarse libremente del Brasil.

La procuradora general del Brasil, Raquel Dodge, puso a conocimiento del STF, el jue­ves 27 de junio, las resultas del proceso de cese de la condición de refugiados. El juez relator de la causa, Marco Aurelio Mendes de Farias, tuvo expreso cono­cimiento de la trascenden­cia internacional de la deten­ción de los connacionales.

Esto fue un “acto de alerta de prisión preventiva” para que automáticamente el STF libre una orden de detención con fines de extradición. Cosa que llamativamente no sucedió, incluso ante las declaraciones de Jair Bolsonaro de extraditar a criminales.