El abogado Jorge Bogarín, represen­tante legal del dipu­tado Tomás Rivas, sostuvo la inocencia de su defendido y resaltó la decisión de la jueza Leticia Paredes, quien otorgó medidas alternativas a la pri­sión. Asimismo, descartó la similitud con el caso del ex diputado José María Ibáñez.

“ (Rivas) no ha cometido nin­gún hecho punible”, men­cionó Bogarín en comunica­ción con La Nación. Aseguró que continuarán con esta investigación para acredi­tar su inocencia. “Estamos cumpliendo los mandatos del proceso. El diputado está a disposición, no hay ningún hecho que ni siquiera pueda pensarse que se sustraiga a la investigación. Al contrario, el hecho de que la jueza haya concedido medidas implica que hay confiabilidad en los mandatos”, agregó.

Rivas está imputado por cobro indebido de honora­rios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso debido a que supuestamente unos funcionarios a los que contrató en la Cámara Baja no cumplían con tal función, sino que trabajaban como empleados en sus domicilios particulares.

Igualmente, aclaró que no hay similitud con casos ante­riores como el de Ibáñez y dijo que el caso es diferente. “No quiero analizar un caso en el que no estuve, pero este es totalmente diferente y vamos a acreditar en el marco de esta investigación de que no hay similitud y no configura nin­gún hecho punible”, aseguró.

La defensa también dijo que tampoco hay eviden­cias de que el diputado cobraba los salarios porque los funcionarios imputados tienen su tarjeta de cobro y está totalmente acreditado el salario.

Las medidas alternativas impuestas a Rivas fueron estar en un domicilio cono­cido, prohibición de salida del país sin autorización del juzgado y una fianza mínima de G. 70 millones. La fianza real es un vehículo marca Toyota tasado en aproxima­damente US$ 50 mil, que supera con creces la impo­sición de la Fiscalía.

Por su parte, José María Ibá­ñez fue imputado por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso en el caso conocido como “caseros de oro”. El ex legislador hacía figurar a sus empleados par­ticulares como funcionarios de la Cámara Baja. En cam­bio, pese a haber sido compro­bados todos los hechos de los que se lo acusaba, fue benefi­ciado con un resarcimiento económico para el reparo de daño patrimonial.