El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, culminó una semana crítica en la que hasta se habló de juicio político en el Congreso Nacional a consecuencia de un acuerdo secreto con Brasil, que podría tener consecuencias económicas negativas para todo el país a largo plazo. Ahora los principales responsables deberán acudir mañana de tarde al Senado para brindar informes concretos referentes a las negociaciones.
Tanta es la “turbulencia” política y el enojo social que el Presidente, con buen tino, debió retrasar para esta noche, en horario a confirmar, su viaje a Turquía, cuya salida estaba prevista para anoche a las 21:00. La Cancillería y su Dirección de Ceremonial debió coordinar el ajuste de la agenda con los colaboradores de Recep Tayyip Erdogan.
Las peores complicaciones para el Gobierno se dieron el pasado miércoles 24 de julio con la renuncia del presidente de la Ande, Ing. Pedro Ferreira, quien se negó a firmar el acta bilateral acordada por las Altas Partes en una reunión en Itaipú (Asunción). Esta situación desató una turbulencia política en medio de tanta crispación social.
La reacción ciudadana y de la clase política obedeció a las sospechas de que estas negociaciones con el gobierno de Jair Bolsonaro se hicieron a espaldas de los técnicos paraguayos. Es más, el mandatario no informó en ningún momento de las tratativas a nivel de ambas cancillerías, ni siquiera al Congreso el pasado 1 de este mes. El documento salió a la luz recién tras la salida de Ferreira, 60 días después de la firma del acta, ocurrida en Brasilia. Ferreira no avaló el acuerdo por considerar perjudicial para los intereses del país.
AMBIENTE SOCIAL Y POLÍTICO
A la par de lo que ocurría a nivel de gobierno, en las calles el país tuvo una semana muy complicada con dramas generados con la movilización de los taxistas, que derivó en un caos tras los incidentes protagonizados por referentes de este sector en contra de las plataformas MUV y Uber.
A la par, en el Congreso, se analizaban varios temas como la posible interpelación al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, ante los últimos sucesos de inseguridad ocurridos en el país, que se sumó al ataque a una estancia en Concepción que dejó como saldo tres fallecidos. No obstante, quedó pendiente la convocatoria a los ministros del área de seguridad para una reunión con la mesa directiva de la Cámara Alta a fin de informar sobre el plan de trabajo.
El Ejecutivo se vio afectado también por la agenda del Poder Legislativo, cuyos integrantes tuvieron que suspender a dos de sus colegas por dos meses sin goce de sueldo por agresión mutua: Paraguayo Cubas y Enrique Riera. Juraron en reemplazo de los afectados Miguel Fulgencio Rodríguez y Ramón Retamozo (Añetete).
Entre otros problemas, el Ejecutivo concentró esfuerzos en hacer seguimiento a la sentencia del ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, que revocó el estatus de refugiados de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, quedando pendiente la orden de captura.
A SEGUNDO PLANO
Muchos otros asuntos de interés nacional quedaron en segundo plano ante lo sucedido con la salida de Ferreira, que llamó la atención no solo de la ciudadanía en general, sino de la clase política y principalmente de técnicos en la materia. Lo llamativo es que las autoridades brasileñas sabían de este acuerdo bilateral, que está evidenciado en noticias aparecidas en el vecino país. Colegas del Brasil informaron inclusive sobre las reuniones que se darían para finiquitar el “pacto” en mayo.
Medios del Brasil publicaron que si se llegaba a cerrar el acuerdo planteado por Jair Bolsonaro, de que nuestro país pague igual por la energía contratada de Itaipú, habría un aumento en la tarifa de la energía. Esta información desmiente las declaraciones del mandatario, quien ante los cuestionamientos recibidos por el pueblo paraguayo aseguró que no subiría la tarifa de la Ande “por lo menos en los próximos dos años”.
Grave falencia en la comunicación oficial
Los responsables de la comunicación del Poder Ejecutivo no coordinaron adecuadamente el manejo de la información referente al acuerdo energético bilateral del 24 de mayo suscrito entre Paraguay y Brasil, cuyo “secretismo” derivó en una fuerte reacción ciudadanía y de la clase política. Recién ayer, de manera reactiva, prepararon un audiovisual para hacer circular vía redes sociales. De esto se desprende que no hay proactividad en el manejo de la comunicación a nivel del Ejecutivo.
Los responsables de la comunicación del Estado, como el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), la Dirección de Información de la Presidencia de la República, la Administración Nacional de Electricidad (Ande), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y la Itaipú Binacional no estuvieron a la altura de lo que se espera en situaciones de crisis. El Ejecutivo se vio avasallado esta semana por los cuestionamientos y pocos fueron los voceros que salieron a defender la gestión realizada con Brasil. Si la orden fue “callarse”, tampoco se notó ninguna estrategia. Pero no fueron los únicos responsables, ya que el Presidente tiene a su cargo a varios asesores de comunicación y asesores políticos, que tampoco por lo visto tuvieron la iniciativa de advertir el impacto que tendría la falta de transparencia ante un tema tan sensible en un momento delicado. Tampoco midieron las consecuencias de la reacción ciudadana. La asesora comunicacional del mandatario, la venezolana Verioska Velasco, nunca da la cara ante situaciones como estas.
Los colaboradores cercanos Daniel Centurión y Julio Ullón, no atendieron ayer nuestras llamadas.