En los pasillos del Con­greso Nacional sona­ron ayer las primeras voces de la posibilidad de un juicio político al presidente Mario Abdo Benítez. Esto por haber autorizado la firma de un acuerdo con Brasil que limita la contratación de potencia de energía de la Itaipú hasta el 2022 y que podría significar un mayor costo del servicio de la electricidad de la Ande para millones de usuarios.

Uno de los primeros en alzar ayer su voz de protesta fue el presidente del Senado, Blas Llano, quien cuestionó el her­metismo con el cual se manejó el acuerdo bilateral y considera a ambas binacionales como una causa nacional. “Eso sig­nifica que debemos crear un espacio de discusión y final­mente propuestas concretas consensuadas entre todos los sectores políticos”, manifestó Llano.

Además, espera la participa­ción de todos en la discusión de estos temas y “que el Paraguay y el Gobierno, con el acompa­ñamiento de todo el pueblo paraguayo, tengamos una política de Estado en materia energética bien clara y sepa­mos cuáles son nuestros dere­chos y obligaciones”, dijo.

Mientras que el senador Hugo Richer, del Frente Guasu, mencionó que el presidente “es pasible de un juicio polí­tico si comprobamos que este tema atenta contra los intere­ses del país. Toda la esperanza del pueblo paraguayo está en función al 2023, en la renego­ciación del Tratado”.

En el mismo sentido, el legis­lador liberal Víctor Ríos cali­ficó dicha situación como “una alta traición a la patria que, de confirmarse, es motivo incluso de un juicio político”. No obs­tante, primeramente esperan acceder a toda la documen­tación oficial para tomar una postura concreta.

Es muy probable que en la sesión extra de hoy se apruebe, como primera medida, una convocatoria en el Senado a los responsables del acuerdo bilateral para que informen detalladamente sobre el entendimiento en cuestión. Posteriormente, si no satisfa­cen las explicaciones, podrían tomar otras medidas.

El 24 de mayo último, las altas partes contratantes, Brasil y Paraguay, representadas por ambas cancillerías, refrenda­ron un acta en la que se esta­blecieron mínimos y máximos de energías a ser contrata­das por Paraguay desde el corriente hasta el 2022. El ingeniero Pedro Ferreira se vio obligado a renunciar a la titularidad de la Ande el miér­coles 24 de julio, exactamente 60 días después, por no estar de acuerdo con los términos del acuerdo bilateral. Al día siguiente, el ingeniero Fabián Cáceres se solidarizó y renun­ció al cargo de gerente técnico.

En ese documento, el gobierno de Jair Bolsonaro deja plasmada su postura firme de hacer cumplir a raja­tabla lo que establece el Tra­tado de Itaipú sobre la ener­gía a ser contratada por la Ande a partir de ahora. Técni­cos en la materia, el ex presi­dente de la Ande y ex directo­res de binacionales alertaron que esta decisión impactará en las tarifas del servicio eléctrico porque el acuerdo implica que la Ande deberá pagar US$ 40 millones más cada año por la contratación de potencia. En su defecto, el otro camino es renunciar a las obras de infraestruc­tura necesarias para la libre disponibilidad de la ener­gía paraguaya en el 2023.

Para muchos sectores, espe­cialmente políticos, llamó la atención el hecho de que el presidente Mario Abdo, en su informe enviado al Congreso Nacional el pasado 1 de junio del corriente, no haya hablado de las tratativas con el Bra­sil sobre la modificación de la modalidad de contratación de potencia energética de Itaipú. Esta actitud es calificada como “secretista” por algunos, mien­tras que otros más duros seña­laron que se trata de una ope­ración “entreguista” o de alta traición a la patria.

El presidente del Senado, Blas Llano, luego de darse a conocer el acuerdo bilateral energético firmado entre cancilleres de Para­guay y Brasil, decidió convocar para hoy a una sesión extraordi­naria, a las 10:00, por pedido de varios senadores de Honor Colo­rado y del Frente Guasu.

Como primer punto del orden del día figura la consideración del acta firmada por las altas partes que, entre otras cosas, pone topes para la contratación de potencia de la usina hidroeléctrica de Itaipú, lo que implicaría mayores cos­tos de la electricidad a futuro.

Igualmente, como segundo punto, figura el proyecto de resolución que crea la Comisión Bicameral de Investigación y Seguimiento del acuerdo energético firmado entre Brasil y Paraguay, dado a conocer este miércoles.