Los ministros de la Corte Suprema de Jus­ticia Manuel Ramírez Candia y Eugenio Jiménez se mostraron a favor de mante­ner las sesiones públicas en el Poder Judicial. Conside­ran que la posición de cesar las transmisiones se puede rever y pedir una reconside­ración en la próxima reunión.

“Siempre dijimos que todas las sesiones, sean plenarias o de salas, tienen que ser públicas, deben por exigen­cia del principio republicano de gobierno”, indicó Ramírez Candia.

Recordó que el propio pre­sidente de la Corte, Eugenio Jiménez, había propuesto transmitir todas las sesiones incluso antes de que la ley esté en vigencia. También anunció que solicitará la revisión. “No deja de sorprenderme esta decisión de la Corte. Vamos a tener que revisar, voy a pro­poner que se revise una vez que me entere cuáles fueron los motivos”, mencionó.

Además, aclaró que no hay un agravio constitucional con respecto a la ley de transpa­rencia. “No colisiona con la Constitucional Nacional”, señaló, por lo que considera oportuno que si hay moti­vos que complican el cum­plimiento se implementen medidas para efectivizar las sesiones públicas.

En el mismo sentido, el presidente de la Corte dijo que “por supuesto que se puede rever el pedido” y celebró el hecho de que el ministro Ramírez soli­cite la revisión al tiempo que aseguró que acompañaría el pedido. Jiménez sostuvo que “si significa retroceso para dar transparencia”, será el primero en oponerse.

La ministra Gladys Bareiro de Módica, presidenta de la Sala Constitucional, pidió a la Asesoría Jurídica accionar contra ley que obliga las trans­misiones. Una vez que se pre­sente la acción, se deberá inte­grar la Sala Constitucional y, a su vez, se tendrá que analizar el planteamiento que reali­zará la Asesoría Jurídica de la máxima instancia judicial.

Los motivos que alegaron para presentar dicho pedido obedecen a que retrasa el proceso debido que se deben preparar resoluciones y veri­ficarlas.

El ministro Alberto Martínez Simón alegó que es impo­sible publicitar todas las sesiones de la Corte, por lo que plantean solo trasmitir las resoluciones finales con los fundamentos de la Sala Constitucional.

“La idea es hacer posible el cumplimiento, la atención de esos juicios, porque así como está planteada la cuestión es materialmente de cumpli­miento imposible”, dijo en comunicación con la Radio 1000 AM.

Alegó que tramitar el volu­men de las causas de enero a junio, que sería de unas 5.000, causaría un retraso como de cuatro años al ritmo que se llevan a cabo las transmisiones. Incluso consi­dera que los actos procesa­les no serán de interés para el público y, por ende, cree oportuno solo dar a conocer las decisiones que toman en las sentencias.