Los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvieron remitir copias de los antecedentes del actuar de la jueza penal de Garantías de la capital, Magdalena Narváez, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La decisión fue tomada ayer durante el pleno, tras la resolución firmada por Narváez, en la que ordena revocar la prisión preventiva y otorgarle su libertad al diputado colorado Ulises Quintana.

La propuesta fue realizada por la ministra Gladys Bareiro de Módica, quien calificó de “grave” las declaraciones hechas por la magistrada en cuestión ante los medios de prensa, ya que la misma había reconocido no haber leído el expediente judicial del procesado.

Acompañaron la propuesta los ministros Antonio Fretes, Eugenio Jiménez, Alberto Martínez Simón y César Garay Zuccolillo. Por su parte, la ministra Miryam Peña recomendó que se lleve a cabo una auditoría y que Narváez sea convocada ante la plenaria para escuchar su versión. Esta propuesta también fue apoyada por Luis María Benítez Riera.

Con esta decisión, los miembros del JEM podrían iniciar una investigación contra la jueza para determinar si la misma actuó de manera correcta o no al ordenar revocar la prisión de Quintana y al haberle concedido medidas alternativas. En caso de ser halladas irregularidades en el procedimiento, la magistrada corre el riesgo de ser enjuiciada y suspendida en sus funciones.

El pasado lunes 8 de julio, la jueza Magdalena Narváez otorgó libertad ambulatoria al diputado de Colorado Añetete Ulises Quintana. El mismo está procesado por delitos vinculados al narcotráfico en el marco del Operativo Berilo. El legislador estuvo privado de su libertad durante diez meses en la penitenciaría militar de Viñas Cué. El abogado Óscar Germán Latorre presentó una revocatoria de la prisión preventiva, pedido que fue otorgado por la magistrada.

Ante esta situación, la fiscala Lorena Ledesma, quien lleva adelante la investigación de la causa, presentó recusación contra Narváez el pasado viernes 12 de julio, alegando que existieron errores en el proceder de la magistrada, ya que la misma dispuso una fianza real al procesado, pero todos sus bienes se encuentran embargados luego de su imputación, por lo tanto no puede disponer de ninguno de ellos.