El nuevo esquema de resguardo policial brindado a las insti­tuciones públicas por parte del gobierno liderado por Mario Abdo Benítez, con la asignación de agentes a sus sedes en todo el territorio del país, agrava de manera más que preocupante la insegu­ridad que día a día vive la ciudadanía en las calles, con asaltos y asesinatos de por medio, así como de atracos bancarios y a comercios de todo tipo.

A modo de ejemplo se pue­den mencionar los crímenes cometidos por los motocho­rros, los casos de sicariatos en la frontera y los asaltos per­petrados al local de Visión Banco y a la sede de la comi­saría de Cruce Liberación, que contaba con solamente cuatro personales asignados.

De acuerdo a lo manifestado por el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, los organismos internacio­nales de seguridad recomien­dan una cantidad de al menos 60.000 agentes policiales para el país, mientras que la realidad indica que solo se tienen 24.000 efectivos.

De acuerdo a informaciones extraoficiales, solamente unos 8.200 agentes están cumpliendo funciones en las diferentes comisarías del territorio nacional (38%), lo que supone que el resto está destinado a prestar seguri­dad a políticos, parlamenta­rios, ministros de los poderes del Estado y en las institu­ciones estatales, entre otros.

La situación se torna aún más delicada cuando que desde el Poder Ejecutivo se dispone que la Policía Nacional brin­dará el servicio de seguridad en todas las entidades del Estado y en virtud de ello se comenzaron a firmar acuer­dos entre la institución poli­cial y los entes estatales.

El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Armando Rodríguez, con­firmó que las instalaciones de la institución serán pro­tegidas por 200 uniformados, quienes serán distribuidos a las diversas reparticiones que tiene en todo el territorio. La firma del convenio entre la Policía y la previsional se rea­lizó el 9 de julio pasado.

Otra de las entidades que también ya tiene acuerdo fir­mado con la Policía es la Com­pañía Paraguaya de Tele­comunicaciones (Copaco), que contará con al menos 287 agentes policiales. Con respecto al supuesto aho­rro con la cancelación de la licitación, con un costo refe­rencial de 30.700 millones de guaraníes, se menciona que la estatal destinará unos 20.660 millones de guara­níes en gratificaciones espe­ciales al personal policial.

A este monto se deben aña­dir los salarios del personal policial, bonificaciones por exposición al peligro y ali­mentaria, sistema de salud, además de costos de las armas, equipamientos de comunicación y combustible de las patrulleras, los cuales son igualmente solventados por el presupuesto público. Finalmente, no existen tales importantes ahorros.

También se deben tener en cuenta los 14 policías asignados oficialmente a Petropar y dece­nas de ellos que están distribui­dos en otras entidades públicas para realizar el mismo trabajo. Sobre estos últimos no se tie­nen datos precisos.

Al problema de la menor cantidad de efectivos policiales en las calles debe añadirse como agravante la posibilidad de una profundización de la corrupción en la institución policial. De acuerdo a lo manifestado a radio Ñandutí por el titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Armando Rodríguez, las entidades estatales destinarán 3 millones de guaraníes a cada uniformado en concepto de gratificación.

¿Quién o quiénes administrarán ese dinero que va a ir a las arcas de la Policía y en qué condiciones? Al agente policial le será más rentable custodiar el local de un ente público por el ingreso adicional que va a obtener y serán los jefes poli­ciales quienes asignarán a los beneficiarios a riesgo de caer en el prebendarismo y la desinstitucionalización de las fuer­zas públicas, afectando gravemente el espíritu y la moral de sus filas.

Por lo señalado por el presidente del IPS se puede colegir que los recursos serán directamente destinados a ingresos extras del personal policial, lo cual implica que el esquema a ser aplicado por el Gobierno no fortalecerá la institución encargada de la seguridad en el país, que actualmente se encuentra rebasada en su capacidad operativa para frenar la creciente ola delictiva y criminal.