La ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, aprobó una sospechosa licitación para la adquisición de insumos para el taller de chapería y pintura del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP). El llamado fue hecho bajo la modalidad de contrato abierto, con un monto mínimo de G. 750 millones y un máximo de G. 1.500 millones.
Según una denuncia recepcionada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la licitación cuenta con una serie de irregularidades que llaman poderosamente la atención, motivo por el cual esta institución inició una investigación al respecto y pidió al SNPP que justifique los puntos mencionados en la denuncia, además de informar sobre el estado de ejecución contractual del procedimiento de contratación.
La empresa adjudicada con la licitación el 19 de diciembre del 2018 fue MEV SA. Según la denuncia, la firma no cumple con la antigüedad necesaria de tres años para ser adjudicada con la licitación (mínimo desde el 2015 hasta el 2017), ya que este fue uno de los requisitos estipulados en el pliego de bases y condiciones. De acuerdo a lo manifestado por fuentes confidenciales, antes de vender pinturas, MEV SA era un laboratorio de análisis clínicos, pero la firma fue vendida recién en el 2016. Además, tampoco así tenía experiencia en el rubro de pintura automotriz, ya que solo proveyeron pinturas a la Municipalidad de Luque en el 2017 y fue para asfalto.
Además, en representación de la empresa aparece el señor Emilio Gómez Zárate, quien según el documento remitido a la DNCP sería solamente un testaferro del intendente de la ciudad de Luque, Carlos Echeverría. Se solicita además que Contrataciones Públicas investines ganadas por MEV en el mencionado municipio.
Otro de los puntos cuestionados es que en la cláusula 6 del contrato estipula que la vigencia del mismo será desde la firma hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Como no es bajo la modalidad plurianual, se podría suponer que solo se ha cumplido con los procesos licitatorios para culminar el ejercicio fiscal 2018, en detrimento del cumplimiento del contrato para la entrega de los productos. En los primeros días de junio del 2019, el SNPP pagó un total de G. 1.500 millones a la firma en cuestión a pesar de estar al tanto de las irregularidades del proceso, siempre de acuerdo a la denuncia.