“Garantizar a los/las fisca­les el ejerci­cio de sus funciones profe­sionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, riesgo de incurrir en responsabili­dad civil o de otra índole, debiendo otorgarles protec­ción física para ellos/as y sus familias” son obligaciones estatales, le recuerda la Fede­ración Latinoamericana de Fiscales, en una carta abierta al presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Luis Jorge Cevasco, en su carácter de presidente de la federación de fiscales lati­noamericanos, puso de mani­fiesto la preocupación de este colegiado por la situación de intimidación y acoso que sufren diversos/as fiscales de Paraguay, especialmente la señora fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez Astigarraga.

En la carta abierta se men­ciona que estas situaciones de hostigamiento se dan por parte de grupos de personas que agresivamente protestan por la prosecución de casos de corrupción y contra el crimen organizado, especialmente hechos vinculados al narco­tráfico, inclusive con presen­cia directa en sus domicilios particulares de los fiscales/as.

La Federación Latinoame­ricana de Fiscales consi­dera que es función esencial e indelegable y obligatoria de los Estados establecer los mecanismos necesarios para que los fiscales/las puedan ejercer sus funciones, sin pre­siones de ningún tipo y con la pertinente tranquilidad espi­ritual y de conciencia, para perseguir a la corrupción y el crimen organizado.

Por su parte, la fiscala gene­ral del Estado, Sandra Qui­ñónez Astigarraga, mani­festó vía la red social Twitter: “Agradezco al presidente de la Federación Latinoameri­cana de Fiscales, Luis Jorge Cevasco, su apoyo y preocu­pación por la seguridad que debe tener toda tarea fiscal en Paraguay. Por nuestro lado, reafirmamos nuestra lucha contra la corrupción, la delincuencia y la mafia orga­nizada”, expresó.

El gremio de fiscales paraguayos se dirigió a la ciudadanía mediante un comunicado público, con el fin de hacer sentir su preocupación por los últimos acontecimientos en los que han resultado víctimas los/las fiscales y sus respectivas familias, a causa de lo que denominan movimiento de “escrache ciuda­dano”.

“El atropellar domicilios privados de manera violenta para exte­riorizar supuestos reclamos, que podrían ser legítimos pero cuya metodología para expresarlos riñe con la normativa, se está con­virtiendo en un procedimiento de coacción a los miembros de la Justicia, a nuestras familias, incluidos menores de edad”, mani­fiesta el comunicado.

Expresan, asimismo, que “vemos con preocupación el surgi­miento de una modalidad poco pacífica que pretende hacer valer el ejercicio de la libertad de expresión y de control, con métodos que se apartan notablemente de lo que las leyes dispo­nen”. Instan a la ciudadanía a utilizar los canales y mecanismos dispuestos por la ley para hacer valer sus legítimos reclamos, respetando los derechos de terceros.