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Un grupo de ciudadanos, encabezado por la señora María Fausta Ramírez, formuló una denuncia penal ante el Ministerio Público en contra del senador liberal Enrique Salyn Buzarquis por la supuesta comisión del hecho punible de tráfico de influencias.

Según el escrito presentado ante la Fiscalía, la denuncia se apoya en las publicaciones del diario La Nación y alega que Salyn Buzarquis cometió tráfico de influencias al “obtener la contratación o nombramiento como funcionarios permanentes de innumerables personas con las que mantiene lazos familiares o afectivos, percibiendo muchas de ellas importantes sumas de dinero en concepto de remuneraciones”.

“Las publicaciones también refieren que esas personas habrían ingresado sin concurso de méritos y aptitudes, lo que hace presumir que han ingresado a las entidades públicas precisamente de la gestión ilegal y penalmente reprochable del denunciado”, señala textualmente la acusación.

Seguidamente, se citan las incorporaciones de personas estrechamente vinculadas al senador Buzarquis: Fiorella Forestieri (esposa), en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, con un sueldo de G. 15.000.000; Griselda María Maidana Sosa (cuñada), en el Ministerio de la Defensa Pública, con G. 18.315.094 de sueldo; Víctor Abdel Buzarquis Cáceres (hermano), en la Cámara de Diputados, con G. 10.300.000, y Fátima Rafaela Lird López (cuñada), en el Consejo de Administración del IPS, con G. 11.878.394 de remuneración mensual.

Tras exponer sus argumentos, los denunciantes solicitan la comunicación del inicio de la investigación al Juzgado Penal de Garantías, como así también que se impute a Salyn Buzarquis y que se fije día y hora para la declaración indagatoria, una vez que la Cámara de Senadores disponga su correspondiente desafuero.

Además, se requiere al Ministerio Público que presten declaraciones Fiorella Forestieri, Griselda Maidana, Víctor Buzarquis y Fátima Lird. Igualmente, se pide solicitar informes a las diferentes instituciones a las que fueron ubicadas estas personas para corroborar los procedimientos que hoy las ubican en privilegiadas posiciones.

Según investigaciones de La Nación, los hermanos gemelos, uno senador y el otro diputado, Enrique Salyn y Enrique Antonio Buzarquis Cáceres, tienen a más de una docena de familiares directos dentro de la función pública. Esta carga cuesta anualmente al Estado unos G. 2.600 millones.

Al mismo tiempo, los operadores políticos de los Buzarquis, que también se instalaron en el Estado, facturan mensualmente a las arcas fiscales un total de G. 118 millones, monto que si se observa desde una perspectiva anual, trepa hasta a los G. 1.542 millones, incluyendo aguinaldo. Sumando todo, entre familiares y seguidores, el clan cuesta más de 4.000 millones de guaraníes de forma anual al Estado.