El abogado Eduardo González, en representación de los 87 docentes despedidos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), remitió una nota al titular de la cartera, Eduardo Petta, en la cual solicita la reposición de los mismos en sus respectivos cargos. Los afectados fueron desvinculados en fecha 19 de junio pasado, pero la resolución fue dada a conocer por Petta el miércoles último antes de viajar a los Estados Unidos.

La medida afecta a profesionales especializados en educación inclusiva, entre los cuales están catedráticos, profesores de alfabetización, educadores de adultos, psicólogos y pedagogos, entre otros. En la nómina se encuentra personal que ha sido nombrado “en carácter de interino sin concurso, sin contar con matrícula docente y sin perfil para el ejercicio de la docencia”, según el MEC.

González argumenta que se trata de funcionarios designados por acto administrativo regular, con funciones específicas en instituciones donde prestaban servicios, y que la autoridad –el ministro– no está facultada para declarar vacante un rubro de oficio.

Al referirse al informe de la Dirección General de Gestión y Desarrollo, que recomendó el cese de actividades, el profesional señala que “ninguno de los afectados tuvo participación ni conocimiento de lo realizado por dicha dependencia y tampoco se determina en la resolución el porqué de cada caso para tomar la drástica decisión de su desvinculación”. Tampoco hubo un sumario previo, por lo que no tuvieron la oportunidad de ejercer su legítimo derecho a la defensa, alega.

Tras las consideraciones señaladas, González agrega que las designaciones de sus defendidos no fueron irregulares y no existe una disposición que acredite esa situación. Además, manifiesta que los rubros son sacados de los centros asistenciales sin definirse claramente adónde serán redireccionados “y esa es una discrecionalidad que la normativa administrativa no autoriza, pues los rubros pertenecen a la institución, pero le son afectados por motivos personales de quienes lo ocupan”.

Mencionó también que la cartera de Estado cuenta con casi 8.000 funcionarios en la misma situación –con salarios de docentes–, cumpliendo funciones técnicas o administrativas, por lo que llama la atención que solo estas personas sean afectadas y hasta se podría considerar como arbitrario el despido de las mismas.