El Ministerio de Justi­cia, encabezado por Julio Javier Ríos, emi­tió la Resolución Nº 408, que dispone el cierre temporal de las puertas de las penitencia­rías padre Juan Antonio de la Vega de la ciudad de Embos­cada, departamento de Cor­dillera, y la cárcel regional de Coronel Oviedo, departa­mento de Caaguazú, debido a la superpoblación. Actual­mente, el penal de Emboscada cuenta con 1.449 internos, pero su capacidad máxima es de 720 reclusos; mientras que la cárcel regional de Coronel Oviedo tiene una población de 2.133 personas, pero su capa­cidad es de solo 674 internos.

Mediante la medida adoptada ya no se podrá recibir a nuevos presos. Además se estableció que las medidas preventivas de prisión no se cumplan en ambas penitenciarías hasta tanto los internos vayan recu­perando su libertad.

La decisión fue adoptada tras el enfrentamiento registrado el 16 de junio entre integran­tes del Primer Comando Capi­tal (PCC) y el Clan Rotela, que dejó un total de 10 muertos. El conflicto entre ambos gru­pos criminales fue calificado como uno de los más violentos en el país teniendo en cuenta que las muertes se produje­ron mediante decapitaciones e incineraciones.

El hecho obligó también al Poder Ejecutivo a impul­sar mediante el Ministerio de Justicia el proyecto que declara en emergencia a los centros penitenciarios

del país en el plazo de un año. La iniciativa fue debatida el pasado martes en Diputados, donde logró su media sanción. Ahora el documento pasó al Senado para su estudio. La situación motivó a acelerar el proceso de expulsiones de varios criminales del PCC así como del Comando Vermelho.

Así también motivó la realiza­ción de una reunión interins­titucional entre los ministros de la Corte Suprema de Jus­ticia (CSJ), los representan­tes de la Fiscalía General del Estado (FGE), los legislado­res, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, entre otras autoridades, quie­nes resolvieron integrar una mesa de trabajo para analizar a fondo y dar soluciones a la problemática de las cárceles.

La Corte Suprema de Justicia otorgó desde enero a mayo del presente año la suma de G. 25.815 millones al Ministerio de Justi­cia para la construcción de nuevas penitenciarías. Estas transfe­rencias se realizan hace veinticinco años.

La cifra proviene de las recaudaciones en concepto de ingresos judiciales. Según la publicación de la página web Hoy digital, la institución recibió el pasado año la suma de G. 5 mil millones mensuales. Durante la gestión de Julio Ríos se destinaron casi G. 46 mil millones.

La ley señala que el 21 por ciento de las tasas judiciales deberá ir para el ministerio. El director de Planificación y Desarrollo Ins­titucional de Justicia, Alejandro Buzó, indicó que el 21% de las tasas en realidad por muchos años solo consistió en la mitad, equivalente a unos G. 106.000 millones. Agregó que el ministe­rio cuenta con otros gastos.