Asociados al gremio de abogados Con­vergencia presen­taron una nota solicitando al Senado de la Nación que en uso de sus atribuciones rechace y devuelva la terna elegida por el Consejo de la Magistratura para la elec­ción de ministro de la Corte Suprema de Justicia, argu­mentando la falta de trans­parencia. Afirman que en la sesión secreta en la que se eli­gió a los ternados se cambia­ron los puntajes de los pos­tulantes.

Al respecto, el doctor Juan Sosa Bareiro, miembro del equipo gremial, explicó que en primer lugar encuen­tran una abierta violación a la Ley de Trasparencia, al momento que se realizó la sesión secreta, en la que se sospecha que se cambiaron los puntajes, favoreciendo a algunos que estaban con bajos promedios, llevándolos a ocu­par los primeros lugares en la lista de postulantes.

En ese sentido, rechazó cate­góricamente la terna inte­grada por María Carolina Llanes, Alma Méndez de Buongermini y Linneo Yns­frán resaltando que reconoci­dos y respetados juristas que­daron muy por debajo en los puntajes luego de esta cues­tionada sesión del Consejo de la Magistratura. “Noso­tros tenemos derecho a sos­pechar de que esa sesión fue secreta en absoluta ilegali­dad, fue la que fundó y que motivó que una persona esté por delante de otra persona, violando todos los principios de igualdad de transparencia constitucional”, manifestó Sosa Bareiro.

El abogado cuestionó ade­más que no dieran a conocer el acta de la sesión secreta y no justificaron las puntua­ciones que les asignaron a los candidatos. “Es ahí donde creemos nosotros que la dis­crecionalidad que le da la ley se convierte en una arbitra­riedad porque dieron punta­jes máximos casualmente a los tres ternados y puntajes mínimos a todos los demás en un marco de absoluta des­igualdad porque nadie funda­mentó”, justificó.

Cabe recordar que los aboga­dos Ezequiel Santagada, Élida Acosta y Federico Legal, del Instituto de Derecho y Eco­nomía Ambiental (IDEA), presentaron una acción de inconstitucionalidad para lograr frenar la designación de un ministro de la CSJ. En el recurso argumentaron la falta de cumplimiento de la orden del juez Hugo Garcete, quien pidió publicar las actas de la sesión secreta en la que eligieron a los ternados. Con­sideran que la no justificación de los puntajes del test psico­técnico significó la violación de los principios de transpa­rencia.