En esta entrevista con La Nación, Alma Méndez, ternada para ocupar un cargo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en reemplazo del magis­trado Raúl Torres Kirmser, se refirió a sus propuestas en caso de obtener el apoyo del Senado como del Poder Ejecu­tivo. Puntualizó dos falencias principales en el Poder Judi­cial, la mora y la corrupción.

Resaltó el hecho de que la actual nómina elaborada por el Consejo de la Magis­tratura se encuentre inte­grada por dos mujeres, hecho que calificó de “auspicioso”. También habló sobre el con­flicto actual en las peniten­ciarías e indicó que debe ser abordado de manera integral; es decir, por los tres poderes del Estado. Rechazó que sea un cupo político del vicepre­sidente Hugo Velázquez y resaltó que su carta de pre­sentación es su trayectoria y el desempeño.

–¿Qué proyectos impulsa­rías en el caso de ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia?

–Entiendo que nuestros problemas fundamenta­les son dos, la mora judicial y la corrupción. La mora la combatiría a través de una reingeniería, un reordena­miento institucional tanto en el ámbito administrativo como en el jurisdiccional. El ordenamiento tiene que responder a políticas de ges­tión que debidamente tienen que planificarse. De hecho tenemos el plan estratégico institucional. Después el segundo eje se centra en un sistema efectivo de control, estos sistemas existen en la actualidad, llámese super­intendencia, unidad de ges­tión, sin embargo, esto tiene que ser articulado porque en este momento hay aspectos de la función jurisdiccional que no están siendo contro­lados y otros que tienen una superposición de controles.

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Se debe tener controles efecti­vos, debemos implementar la carrera del funcionario judi­cial, tiene que tener clara las reglas de acceso de promoción y de salida del sistema judi­cial para que esté motivado. El funcionario tiene que estar capacitado a nivel de gestión judicial, a nivel jurídico y de visión humana de la justicia porque nosotros aportamos a la sociedad servicios, enton­ces nuestra herramienta es nuestro talento humano. Los funcionarios que come­ten actos de corrupción tie­nen que ser separados, los que son buenos e idóneos tienen que ser potenciados y acom­pañados y la gran masa que no está en ninguno de los extre­mos tiene que ser capacitada en los aspectos que mencioné.

–¿Existen medios alter­nativos para combatir la mora judicial?

–Otra herramienta para com­batir la mora es la utilización efectiva de los medios alterna­tivos de resolución de conflic­tos, mediación, conciliación, porque de esta forma vamos a descongestionar los despa­chos judiciales de aquellos pleitos que se pueden solu­cionar por la vía de acuerdos de las partes dejando en los estatus judiciales solo aque­llos que necesitan realmente de la decisión de un juez por­que existen cuestiones que no pueden negociar las par­tes. Otro eje sería la imple­mentación transversal de la tecnología a través de la jus­ticia electrónica, de la digi­talización que de hecho ya es un plan que se está imple­mentando poco a poco en la Corte, con estos ejes com­batiríamos la mora que a mi modo de ver es la consecuen­cia de una serie de problemas sistémicos y estructurales que tienen que ser ajustados.

–¿Cómo combatiría la corrupción?

–La corrupción podemos combatir con la optimiza­ción y racionalización de los recursos. Tenemos que velar por presupuestos adecua­dos y por la ejecución pre­supuestaria eficiente en los lugares donde se necesita. En los aspectos de servicios y la transparencia a través del acceso a la información, la jus­ticia electrónica que permite flexibilizar las gestiones y la audiencia pública. Por último, la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, esos son mis ejes de trabajo y pro­puestas.

–En cuanto a la cuestión administrativa del Poder Judicial, ¿cuenta con una propuesta?

–Hablando de la Corte Suprema de Justicia espe­cíficamente. Una de las pre­ocupaciones que siempre tengo es la parte administra­tiva del Poder Judicial, noso­tros como poder tenemos que seguir administrando nues­tros recursos porque es la única forma en que podremos hacer previsiones y reprogra­maciones a largo plazo. Si el Poder Judicial no maneja su presupuesto sería como una persona de mayor de edad que no puede disponer de sus bienes.

Ahora no puede negarse que esa actividad implica también carga labo­ral sobre los ministros. Por eso entiendo que a través de una constituyente sería inte­resante nombrar a tres minis­tros de la Corte suplente, uno por sala para que cuando el titular pasa a integrar el Con­sejo de Superintendencia, que es el que se encarga de admi­nistrar todo el Poder Judicial, esos ministros suplentes se encarguen de la parte juris­diccional para que estas sigan su curso normal y no impac­ten negativamente en su fun­cionamiento.

–¿Cómo combatir el haci­namiento en las cárceles?

–El hacinamiento en las cár­celes es un tema complejo porque tiene distintas aris­tas. Tenemos el tema de la mala utilización de las medi­das cautelares, se tiene la no implementación de sistemas como tobilleras, brazaletes y tenemos también deficien­cias estructurales en nues­tras cárceles. Es una cuestión que debe ser abordada desde el Estado en sus tres poderes. El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, se encarga de la política carce­laria, el Poder Judicial tiene una política sobre el cumpli­miento y la condena, la Fisca­lía tiene su aporte.

Tenemos que abordar la problemática desde distintas aristas. No es solo una entidad la respon­sable de eso. Ahora saltan los datos de que prácticamente es imposible un control efectivo a través de los guardias por­que son pocos para la canti­dad de población carcelaria. Todo esto debe ser mediante la directiva constitucional; es decir, que las penas sirvan para reinsertar al individuo en la sociedad y al mismo tiempo para cuidar la segu­ridad de la sociedad, con base a este principio general tene­mos que articular nuestras políticas, que obviamente en este momento estamos muy lejos de cumplir.

–¿Cómo observa que en esta terna se hayan incluido a dos mujeres?

–Me parece muy auspicioso porque si bien es cierto, las mujeres hemos ganado espa­cios en los mandos medios, jueces de primera instancia, en los tribunales, obviamente en los espacios de poder como en la Corte Suprema de Jus­ticia no se da esa igualdad. Entiendo que la mujer en los despachos de poder aportan una visión integral, más tra­tándose en la resolución de conflictos porque las muje­res en nuestro día a día gene­ramos experiencias y estra­tegias en el área de gozar de nuestros derechos. Las dificultades y los obstácu­los que encontramos como ser las actividades propias de la maternidad hacen que la mujer tenga que emplear estrategias para desarrollarse profesionalmente. Eso a la mujer le da una visión especial en la problemática. A parte de la idoneidad que debe estar fuera de discusión porque la Corte y el poder judicial es un poder técnico.

–¿Qué opina sobre las crí­ticas que mencionan que la sesión secreta del Con­sejo de la Magistratura fue clave para posicionar a los candidatos?

–Hubiese sido pública por­que justamente en aras de la transparencia y para que se evite este tipo de especu­laciones. Yo entiendo que el Consejo lo que trató de evi­tar es que pudiesen surgir alguna consideración u opi­nión sobre algunos de los pos­tulantes que pudiesen agra­viar la imagen de las personas moralmente. Prueba de eso fueron los test psicotécni­cos que por lo que yo escu­ché mucha gente se sintió afectada a ser expuesta a una faceta indebida. Sin embargo, entiendo que nosotros nos estamos postulando a un cargo público en la máxima instancia judicial, nosotros aceptamos esa exposición así que creo que realmente esta­mos ensayando, yendo hacia la transparencia. Tenemos que lograr la transparencia absoluta, salvo algo que impli­que a la seguridad nacional, hecho que justifique no dar datos determinados.

–¿Qué garantía tiene la ciudadanía de que la terna no fue elaborada de forma secreta con el fin de posi­cionarlos?

–Para la ciudadanía en gene­ral y la clase política la garan­tía que tienen de los postu­lantes es la trayectoria y el desempeño. Esto tiene que ser la referencia en torno a nuestra designación porque nosotros podemos decir lin­das palabras, dar propuestas interesantes, pero en defini­tiva la voluntad de cumplir esas propuestas son determi­nantes, y eso se ve con la tra­yectoria de los candidatos, no hay otra forma, esos son datos concretos, los otros son espe­culaciones, se debe conocer la vida e historia de los aspiran­tes y sacar sus conclusiones.

–¿Qué opina sobre las manifestaciones que en torno a estas elecciones tiene más peso lo político que la capacidad de los ter­nados?

–En primer lugar quiero acla­rar que obviamente en este proceso de selección para ministros de la Corte hay una etapa política que es la que empezamos ahora. Esto es un cargo de política de Estado porque es la cabeza de uno de los poderes del Estado. Ahora bien lo que no puede estar en discusión es la idoneidad pre­via, que se debe demostrar. La parte política se da porque la propia Constitución establece que son los senadores quie­nes eligen la terna y posterior­mente el Ejecutivo, que es otro poder político da su acuerdo.

–¿Usted se encuentra vincu­lada a algún partido político?

–No. Yo no estoy afiliada a nin­gún sector político y de hecho por mi función de magistrada no puedo estar ejerciendo una actividad política.

–¿Qué opina sobre las ver­siones de que usted tendría el respaldo del vicepresi­dente Hugo Velázquez?

–Como yo soy una persona que no vengo de un sec­tor político que nunca tuve activismo político, es que se hacen estas especulaciones porque la ciudadanía piensa que no se llega a la Corte si no se tiene lo que se llama un padrino político. Como no me conocen, yo soy una persona técnica que siem­pre se manejó en esa área de la judicatura, por eso es que tal vez se generé este tipo de especulaciones. En proce­sos anteriores me vincula­ron primero con el ex presi­dente Horacio Cartes, luego con el presidente Mario Abdo Benítez y ahora con el vice­presidente Velázquez. No sé, seguro me van a seguir vincu­lando con más gente hasta de manera internacional por­que justamente yo soy una persona técnica que nunca estuvo en la política. Des­miento.

–Lo conoce personalmente. ¿Por qué lo vinculan con él?

–Se deben recordar que el vicepresidente Hugo Veláz­quez fue fiscal. Era parte del circuito del sistema de Jus­ticia. Lo conozco así, en su época de fiscal, pero yo no lo frecuenté nunca.

–¿Cuál es el clamor de la ciudadanía a partir de la actual renovación de la Corte Suprema de Justicia?

–De hecho que la renovación de la Corte Suprema de Justi­cia se está dando por imperio de la Constitución Nacional. Algunos están cumpliendo su mandato. De por sí se está dando una renovación no traumática en ese sentido, que es lo que corresponde. Lo que sí entiendo es que la ciudada­nía reclama un mejor sistema, un mejor servicio de justicia en donde estamos en deuda con ellos definitivamente por los problemas estructurales.

–¿Cuáles serían una de las primeras acciones que se debe realizar para mejorar el sistema de justicia?

–Tenemos que lograr obtener mayor credibilidad de la ciuda­danía. Yo no me limitaría en la Corte Suprema de Justicia ya que el Poder Judicial siempre fue cuestionado por diversos motivos y entiendo que el sis­tema de justicia tuvo muchas resoluciones no felices que no correspondían, pero no todo está mal. Hay muy buenas per­sonas dentro del sistema de justicia, dentro del Poder Judi­cial que no está visibilizada. Lo que tenemos que hacer den­tro de nuestro sistema de jus­ticia es un mea culpa, ver de que hacernos cargo y que cada autor de este sistema se haga responsable. Solo así vamos a poder salir adelante, enmen­dar los errores.

PERFIL

ALMA MARÍA MÉNDEZ DE BUONGERMINI

Edad: 55 años

Fecha de nacimiento: 10 de marzo de 1963

Egresada de la Universidad Católica de Asunción

Término medio: con 4,91 puntos doctora en Ciencias Jurídicas por la Universi­dad Católica de Asunción–Summa cum laude (con recomendación de publica­ción).

Ejercicio de la profesión: 31 años

Funciones que ha desem­peñado: jueza de Primera Instancia en lo laboral (1998-2012), miembro del Tribunal de Apelación en lo labo­ral (2012 hasta la fecha) y docente de la Universidad Católica de Villarrica, Cen­tro de Entrenamiento Judi­cial (1999 hasta la fecha).

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