El presidente del Senado, Silvio Ove­lar, considera que el ministro de Hacienda, Benigno López, debe demos­trar su inocencia en caso de que esté involucrado en licita­ciones amañadas del Instituto de Previsión Social (IPS). Ove­lar se mantuvo en la misma postura que el presidente de la República, Mario Abdo Bení­tez, quien aseguró que de con­firmarse las denuncias, debe dejar el cargo. “En la misma línea de lo argumentado por el presidente de la República… si se demuestra que hay irre­gularidades o anomalías, no importa que sea el hermano del Presidente, tendría que irse, pero se tendría que cons­tatar de manera mucho más fehaciente”, agregó.

De igual manera, recalcó la necesidad de que este demuestre su inocencia “por una cuestión de ética y res­petando la moral”. Indicó además que “en estos casos de denuncias que afectan su imagen pública, tendría que demostrar con documentos bien presentados que no tiene culpa para ser merecedor de la confianza de la ciudadanía”.

Sobre la posibilidad de ini­ciar un proceso de interpe­lación al ministro, dijo que no le corresponde, más bien es una decisión del pleno. “La interpelación es una potes­tad que tiene el Senado de la Nación en caso de que se pre­senten elementos fehaciente­mente comprobados; lógica­mente, en el caso de Benigno y de cualquier otro ministro, debería de seguirse el pro­ceso constitucional respe­tando las normas y la inter­pelación es la vía en estos casos”, añadió. En las últimas semanas se dieron a conocer denuncias contra el ministro de Hacienda durante su ges­tión en el período pasado como presidente de IPS.

El senador Paraguayo Cubas presentó ayer ante la Cámara Alta un proyecto para crear una comisión especial que investigue una supuesta sobrefacturación en la compra de insumos por parte del Instituto de Previsión Social (IPS). El texto presentado por Cubas recomienda que la comisión tenga un plazo de 60 días para ejercer sus funciones y elevar un informe.

Los argumen­tos para la creación de esta comisión, se basan en la denuncia presentada por Nicolás Russo, quien asegura que el IPS hizo un contrato en 2017 por G. 17.501 millones, en concepto de tubu­laduras corrugadas para adultos y para niños. Estos insumos, tendrían un sobreprecio de 1.876% en relación a lo que se puede encontrar en el mercado.

Según la denuncia, cada tubuladura para adultos tenía un precio de G. 1.220.000 y la pediátrica, de G. 1.218.390, mientras que en las farmacias esos dos insumos se encuentran a G. 65.000 por unidad, lo que se resumiría en un sobrecosto de 1.876%, refiere.