La abogada Cecilia Pérez, ex viceminis­tra de Política Crimi­nal, lamentó que el Gobierno no esté tomando la reforma penitenciaria como una prio­ridad para el Estado, ya que se trata de una problemá­tica de seguridad nacional que debe ser atendida con urgencia. Recordó que en el gobierno anterior se inició el proyecto, pero ni bien asumió Mario Abdo Benítez este fue suspendido por el Ministerio de Obras Públicas y Comuni­caciones (MOPC).

Sus declaraciones las hizo tras el grave amotinamiento ocurrido el pasado domingo en la penitenciaría de San Pedro, en el que fallecieron diez reclusos, situación que desnudó la gran necesidad de contar con cárceles moder­nas y mucho más seguras.

“No estoy viendo que esto sea una prioridad para el Gobierno en general. La reforma penitenciaria es un problema de seguridad nacional; no es solamente una cuestión de reinserción social. Esta gente que está hoy adentro en algún momento va salir y nosotros corremos el riesgo de caer en lo que han caído otros países como El Salvador, Honduras o Repú­blica Dominicana. Acá lo pri­mero que se hizo fue cancelar la licitación de las cárceles y abrir un nuevo tipo de licita­ción, y esta es la fecha en la que no se ha hecho absolutamente nada”, señaló ayer en entre­vista con radio La Unión.

Agregó que el eterno pro­blema del Ministerio de Jus­ticia es el presupuesto, ya que apenas le alcanza para con­tener la situación actual. “El Ministerio de Justicia es un ministerio pobre y no hablo solamente en presupuesto económico, sino hablo por la poca cantidad de funcionarios técnicos preparados”, dijo.

Lamentó que hasta la fecha la licitación que inició este nuevo gobierno no tenga ningún resultado, ya que no se firmó un solo contrato, cuando el tema de las cárceles debería ser una prioridad del Gobierno y de los demás orga­nismos involucrados, afirmó.

Una de las primeras medidas tomadas por el ministro de Obras Públicas y Comuni­caciones (MOPC), Arnoldo Wiens, ni bien asumió el cargo, fue la cancelación del llamado a licitación pública internacional para la cons­trucción de nuevos estableci­mientos penitenciarios, ini­ciado durante el gobierno de Horacio Cartes. El proyecto ya estaba en puertas de ejecu­ción. El costo de la obra era de G. 397 mil millones.

Por otro lado, el MOPC reveló ayer un comunicado en el que anunció que en total 16 consor­cios pujan por la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios que presentaron sus ofertas el lunes 20 de mayo, en la convocatoria de la licita­ción 355.616 “Llamado MOPC N° 121/2018 Licitación Pública Nacional para la Construcción de nuevos establecimientos penitenciarios” – Ad Referén­dum al Presupuesto General de la Nación 2019. Actualmente, las ofertas presentadas están en proceso de evaluación y se estima que en 10 días se cono­cerá a las empresas adjudicadas en los 3 lotes licitados.

Los tres establecimientos serán ubicados en Minga Guazú (Alto Paraná) y dos en Emboscada, Cordillera. “El objeto de este llamado es la construcción de comple­jos penitenciarios y puesta en servicio de toda la infraes­tructura necesaria para el correcto funcionamiento de estos establecimientos”.