La expulsión de Dio­nisio Amarilla de su banca en la Cámara de Senadores también tuvo sus efectos en la Cámara de Diputados y los legisladores ya acusaron el mensaje. En este sentido, parlamentarios de la Cámara Baja sostienen que la pérdida de investidura del senador liberal, el jueves último, por tráfico de influen­cias, dejó una lección para los legisladores que incurran en la misma acción.

La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, manifestó que el castigo implementado por el pleno de la Cámara Alta para Amarilla es una gran lección para aquellos legisladores que en el futuro se inmiscuyan en asuntos de intermediación con empre­sas interesadas en licita­ciones o que estén en plena competencia de adjudica­ciones con el Estado. Asi­mismo, indicó que espera que aquellos colegas que continúan utilizando sus influencias para nombrar a sus familiares, amigos y amantes, tomen nota de lo ocurrido.

“Acá la lección es: no nos meta­mos en asuntos que tengan que ver con la intermediación, sea en una empresa, sea de tu amigo o tu hermano, que esté utilizando el dinero público. Sé que es una importante vic­toria ciudadana, estamos en nuevos tiempos y ojalá que tomen apunte todas aquellas personas que hoy continúan utilizando sus influencias”, cuestionó la diputada.

Por su parte, la diputada Norma Camacho, también de la bancada del PEN, sostuvo que los parlamentarios deben ser conscientes de la repre­sentatividad que portan y no dar cabida a las confusiones. “Los legisladores debemos ser mucho más cuidadosos con nuestro actuar, debemos ser permanentemente concien­tes de la representatividad que llevamos y es bueno que la ciudadanía nos exija”, indicó.

Igualmente, el diputado Sebastián García, del Par­tido Patria Querida (PPQ), mencionó que Paraguay está viviendo un momento histó­rico de depuración de la clase política. Asimismo, señaló que los legisladores deben estar a la altura de los nue­vos tiempos, refiriéndose a los actos que hagan los par­lamentarios en la manera de trabajar.

García además destacó que la pérdida de investidura de legisladores salpicados por actos de corrupción da espe­ranzas de cambio a la ciudada­nía. En este sentido, recordó que aún se encuentra pen­diente en la Cámara Baja el pedido de pérdida de investi­dura del diputado Carlos Por­tillo, desde el año pasado.

Ni bien había iniciado el período parlamentario del 2018-2023 ya se dio el caso del ex diputado José María Ibáñez, quien a consecuencia de la presión ciudadana y política se vio obli­gado a renunciar a su banca. Inicialmente, se intentó sacar a Ibáñez por la pérdida de investidura, lo que no corrió; sin embargo, presionado por los escraches y presión política, el 7 de agosto del año pasado decidió presentar la renuncia a su curul.

Otro de los que enfrentan una extensa causa es Ulises Quin­tana, preso en la Cárcel Militar de Viñas Cué por estar invo­lucrado con el supuesto narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña y por tráfico de influencias. Este último no corrió la misma suerte que Ibáñez, quien se encuentra con permiso sine die. En su reemplazo había asumido la suplente y ahora diputada Rocío Abed.

La situación del diputado liberal Carlos Portillo no es distinta, atendiendo que desde el año pasado el pedido de pérdida de investidura en su contra se encuentra cajoneado en la Cámara de Diputados. Portillo fue imputado por la Fiscalía por los delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal.