La tan necesaria reha­bilitación y pavimen­tación de la ruta que conectará Alberdi con Pilar tendrá que esperar aún. La fuerte puja entre los oferen­tes no deja que el proceso avance y ahora ya detonó sobre el abogado Miguel Marín Bestard, quien fue removido de su cargo de director jurídico del Minis­terio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Marín era parte del comité de evaluación de las ofer­tas de la licitación del citado proyecto. En su reemplazo fue designada Lorena Bal­buena Soto, quien se desem­peñaba en el departamento de Gestión Ambiental.

Los trabajos en realidad ya tendrían que comen­zar porque en abril pasado adjudicaron al Consor­cio CTT (Talavera y Orte­llado SA y Tecnoedil SA) por G. 377.187 millones, es decir unos US$ 61 millo­nes aproximadamente, la oferta más barata de la lici­tación dentro de las empre­sas calificadas. La aper­tura de ofertas ya se inició el pasado 13 de noviembre.

Pero luego de la protesta presentada por parte del segundo mejor oferente, la Constructora Asunción, firma de Enrique Díaz Benza, ex suegro del pre­sidente Mario Abdo Bení­tez, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), mediante la Reso­lución 1.412, resolvió anu­lar la adjudicación al Con­sorcio CTT.

Como principal punto de esta denuncia ante la DNCP, es que la empresa adjudi­cada debía tener una obra ejecutada por G. 145.000 millones, pero presentó un certificado de una obra de la EBY en el que alcanza sola­mente G. 143.000 millones. De esta forma, la DNCP retrotrajo la adjudicación y dio una chance a la firma del ex suegro del presidente de la República, que pre­siona fuerte por el contrato.

Sin embargo, una denuncia anónima se presentó nue­vamente hace un par de días y sumó irregularidades al expediente que se encuen­tra en “evaluación”. Apa­reció “factura falsa” que en teoría fue presentada por la Constructora Asun­ción y Asociados para la compra de recicladora de la firma Cimasa, pero el documento fue anulado. El hecho estancó más el pro­ceso de evaluación.

Luego de varios impasses en el proceso licitatorio y mucha presión por parte de Constructora Asunción para conseguir el jugoso contrato, fue removido Marín Bestard, nada menos que uno de los evaluadores de la licitación, quien ela­bora los dictámenes a favor o en contra de las ofertas.

Tratamos de hablar con Marín, pero se limitó a decir “estoy muy agradecido al titular de la cartera de Obras, Arnoldo Wiens”.

El proceso se mantiene bajo 7 llaves y los responsables no salen a aclarar detalles de la millonaria licitación. Por su parte, Carlino Velázquez, viceministro de Administra­ción y Finanzas del MOPC, dijo no estar interiorizado sobre el proceso, mientras que Ignacio Gómez, vicemi­nistro de Obras Públicas, no respondió las llamadas ni los mensajes. Dijo que podría hablar recién en media hora, pero no dio retorno durante el día de ayer.

La obra en cuestión corres­ponde al desvío a Alberdi hasta el río Tebicuary (51,5 km) y la travesía urbana Villa Franca (2,2 km), cuyo costo estimado es de G. 406.735 millones.

El gerente de la firma EDB Construcciones, José Díaz Benza, fue uno de los fuertes operadores de la campaña política de Mario Abdo Bení­tez a la Presidencia, por lo que la dilación de esta millo­naria licitación, más la pre­sión y la llegada que tiene con Arnoldo Wiens, ministro de Obras, juegan a su favor como eventual adjudicado en los próximos días.

De hecho, hay anteceden­tes de irregularidades que salpican a la firma de los ex familiares del Presidente y en el MOPC mantienen en reserva. Por ejemplo, una auditoría que realizó el BID revela defectos detectados en la construcción de la ruta Blas Garay en el tramo a cargo de EDB Construcciones, firma de Enrique Díaz Benza, ex suegro del mandatario.

En el MOPC evitaron brin­dar explicación sobre la falla que saltó en la audito­ría del BID. Antes de esto ya había saltado un premio de G. 8.600 millones que la administración de Wiens venía encaminando para pagar a la citada firma en concepto de “bonificación por entrega anticipada” de obra. Sin embargo, la con­tratista se retrasó 1.839 días en la entrega de la misma. El trámite de pago se tuvo que dejar en espera después de saltar esta irregularidad.