El abogado Eduardo González cuestionó el “blanqueo” reali­zado por la Fiscalía Gene­ral del Estado a Carolina Llanes, investigada por mal desempeño de funcio­nes como interventora de la Municipalidad de Ciudad del Este (CDE). Agregó que esto denota que la Justicia, en este gobierno, “es selec­tiva” y “sometida” a “acuer­dos políticos”.

González fue uno de los representantes de McLeod y verificador de la interven­ción realizada por Llanes a la gestión de la ex inten­denta Sandra McLeod. “Esto demuestra la justi­cia selectiva y cómo está actuando el Ministerio Público. Se nota que hay un gran acuerdo político en todo este sentido”, cues­tionó el letrado, al tiempo de afirmar que este “blan­queo” tiene un objetivo y es lograr que Llanes figure como una de las integran­tes de la terna para el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ante la vacancia por jubi­lación de José Raúl Torres Kirmser.

Afirmó que existe “un total sometimiento por parte de la Justicia” porque los pro­pios fiscales “están ope­rando” en beneficio del “acuerdo político”. “Existe un total sometimiento por parte de la Justicia, tanto del Ministerio Público y como de la Corte Suprema de Justicia, en los acuerdos políticos y es evidente que Carolina Llanes es candi­data a ministra de la Corte por parte del propio presi­dente de la República”, rei­teró el abogado.

Hoy, los miembros del Con­sejo de la Magistratura rea­lizarán la ponderación a los 31 postulantes que fueron examinados en las audien­cias públicas.

La actual titular de la Secre­taría Nacional de Adminis­tración de Bienes Incauta­dos y Comisados (Senabico) figura como la cuarta de los primeros mejores candidatos.

Por último, el letrado lamentó que se dé esta situación y aseguró que las denuncias penales eran fun­damentadas y tenían evi­dencias. Llanes fue denun­ciada cuatro veces: por producción de documentos no auténticos, presentada por concejales municipa­les; por usurpación de fun­ciones, hecha por funciona­rios municipales que fueron desvinculados del cargo; por coacción grave de la propia ex intendenta y por el perjui­cio patrimonial de más de G. 5.200 millones por exacción y lesión de confianza.