Al senador liberal Dio­nisio Amarilla no se le puede atribuir el delito de tráfico de influen­cias ni intento de soborno porque en ningún caso hizo ofrecimiento de dinero y no tiene nada que ver en la rela­ción entre la señora Luz Peña y el periodista Juan Carlos Lez­cano, afirmó su abogada, Caro­lina Ferreira.

“En el análisis jurídico que nosotros hacemos encontra­mos que en las filmaciones y publicaciones no hay ninguna relación entre el dinero entre­gado y el senador. El senador en ningún momento habló de dinero ni habló de ofreci­miento de dinero de ninguna índole. Es un trabajo particu­lar entre la señora Luz Peña y el periodista (Juan Carlos Lez­cano)”, aseguró.

Alegó que los hechos que le atribuyen al legislador son bastantes graves y por eso él decidió presentar la querella en contra del comunicador. “Se siente agraviado (Amari­lla) por esas expresiones por­que ha dado pie a una campaña de desprestigio en contra de su persona, porque la gente cree lo que escucha o lo que lee y, aparte de eso, políticamente le afecta, teniendo en cuenta que un movimiento interno del Partido Liberal Radical Autén­tico (PLRA) está impulsando su pérdida de investidura”, explicó.

Además, mencionó que como son delitos en contra del honor, se tienen que investigar todas las expresiones que son ver­tidas y todas las entrevistas y publicaciones que se hacen porque ingresan en ese ámbito. “La defensa pidió copias de todas las grabaciones, las filma­ciones, todo lo que hay, porque son filmaciones caseras que el señor realizó y que son las que utiliza como base para afirmar lo que dijo. Tenemos que con­tar con todos esos elementos”, expresó.

La profesional aseveró que no existe ningún pedido de cen­sura de parte de la defensa como se da a entender, sino que se necesita que el medio periodístico remita los mate­riales con los que cuenta para que sean adjuntados al expe­diente. “Se va a hacer el pedido al diario, que tiene que enviar esos documentos, posterior­mente se tiene que hacer una audiencia de conciliación para buscar que las partes lleguen a un arreglo o no; si no hay arreglo, la causa se tiene que elevar a juicio oral”, aclaró.

En otro momento, aseveró que al Instituto de Previsión Social (IPS) no se le puede involucrar en un tema privado. “IPS no tiene nada que ver en este caso, no tiene interés ni injerencia en este tema. Con el colega com­parto oficina desde hace 6 años. El colega no está en la unidad de contrataciones”, dijo al referirse al abogado Carlos Bogado Jara, quien también tiene relaciones laborales con la previsional y es parte del grupo de defensores del senador Amarilla.­

Un grupo de 13 senadores solicitó ayer al presidente del Congreso, el senador Silvio Ovelar, estudiar la pérdida de investidura del liberal Dionisio Amarilla. Firmaron el documento los legisladores Salyn Buzarquis, Carlos Gómez Zelada, Víctor Ríos por el PLRA; Georgia Arrúa, Fidel Zavala y Stephan Rassmussen por Patria Querida; Pedro Santacruz y Desirée Masi por PDP; Gilberto Apuril por Hagamos y Carlos Filizzola por Frente Guasu, entre otros.

Algunos partidos recomendaron la aprobación de la pérdida de investidura, pero hasta el momento no se tendría la cantidad suficiente de votos para la expulsión del parlamentario.

Cabe mencionar que Patria Querida (PPQ) cuenta con tres votos, el Partido Democrático Popular (PDP) con dos, Hagamos con dos y el Frente Guasu con seis. El sector de la ANR, en donde la mayoría está conformada por integrantes del movimiento Añetete, aún no ha tomado ninguna decisión sobre el caso.

En filas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), sus principales dirigentes, integrados por los efrainistas, instaron a votar a favor del retiro de la inmunidad a Amarilla. Sin embargo, el sector que apoya al senador Blas Llano, al cual pertenece el legislador, no se sumaría a esa iniciativa.