El diputado colorado Tomás Rivas pre­sentó ayer el pedido de su desafuero para que pueda ser procesado en instancias judiciales por supuestamente pagar a sus empleados parti­culares con dinero del Estado. El parlamentario presentó el pedido ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y no se descarta que el mismo ya sea tratado en la sesión ordinaria de hoy.

El pedido de desafuero fue presentado por la jueza penal de Garantías Letizia Paredes, por la investigación de cobro indebido de honorarios, y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, atendiendo que se presume que las perso­nas que trabajaban con Rivas figuraban como funcionarios de la Cámara de Diputados, pero sin ejercer ningún tra­bajo dentro del Congreso. Al respecto el diputado anunció días atrás que una vez llegada la notificación, él mismo soli­citaría su desafuero.

“Días atrás había ade­lantado a miembros de la prensa que cuando llegue la notificación del pedido de desafuero, yo personal­mente iba a pedir su trámite favorable en el pleno y así someterme a la Justicia. Por­que creo en la Justicia, y Dios mediante, esto se va a acla­rar”, dijo ayer el legislador.

Por otra parte, reconoció que su caso estuvo estancado por mucho tiempo por incidentes presentados por su grupo de abogados, quienes conside­raron que se procedió inco­rrectamente en el caso. “El caso data del 2017 y se pro­longó porque se procedió de manera incorrecta. Pero jus­tamente vengo hoy a adelan­tar mi posición y ponerme a disposición de la Justicia. Solicito personalmente mi desafuero”, indicó.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, una vez que recibió el pedido por parte del propio Rivas, ya dicta­minó por la aprobación. “Se presentó el legislador, junto con su representante legal e indicó que en la plenaria soli­citará su desafuero para pro­seguir con su defensa ante la justicia ordinaria; la comisión dictaminó por la aprobación del pedido de desafuero del colega”, dijo el presidente de la comisión, Derlis Maidana.

En este período parlamentario se dio un caso emblemático para la ciudadanía y similar al que se está dando con el dipu­tado colorado Tomás Rivas.

El ex diputado José María Ibá­ñez fue forzado a renunciar a raíz de la presión ciudadana que se dio por el caso también conocido como “los caseros de oro”. Pese a que el caso se dio en el período anterior y que se haya dado una salida procesal, admitir el hecho y reparar el mismo, la ciuda­danía no lo perdonó y se dio una ola de escraches, lo que no le dejó otra salida a Ibáñez que renunciar a su curul en la Cámara de Diputados. Antes de renunciar, el pleno de la cámara rechazó con 53 votos el pedido de pérdida de inves­tidura en contra del legisla­dor. Sin embargo, la renuncia se dio a los 38 días de haber asumido su segundo período como diputado. Ibáñez estuvo en su banca desde el 2013 hasta el 2018.

José María Ibáñez fue descu­bierto pagando a sus emplea­dos particulares con dinero de la Cámara Baja. Los mis­mos figuraban como fun­cionarios de Diputados, sin embargo, nunca acudieron al Parlamento; al contrario, eran empleados de la casa quinta del legislador.