El contralor general de la República, Camilo Benítez, explicó las contraposiciones manifiestas tanto de la Ley Nº 5.282/14 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental” como de la Ley Nº 5.033 “Que regla­menta la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos”, por lo que ruega a la Corte Suprema de Justicia que resuelva las acciones, ya que cualquier decisión será un cambio de paradigma.

Benítez explicó que, a su criterio, la primera Ley de Acceso a la Informa­ción Pública ordena dis­ponibilizar la informa­ción de las declaraciones juradas de los funciona­rios públicos.

Por otra parte, la segunda ley establece que solamente la Contraloría pueda entre­gar esa documentación con una orden judicial o fiscal.

Comentó que todos los anteriores contralores han sostenido que no pueden brindar esa información. Puntualizó que la única que puede interpretar la consti­tucionalidad de las leyes es la Corte Suprema de Justi­cia (CSJ).