El Poder Ejecutivo emi­tió ayer el decreto Nº 6.299 que establece que las sesiones de la Corte Suprema de Justicia, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, del Consejo de la Magistratura y del Consejo de Ministros deben ser públi­cas. El mismo entrará a regir dentro del plazo de 8 días.

La propuesta fue impulsada por la administración del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien hizo el informe a través de un mensaje en su cuenta personal de la red social Twit­ter. “La transparencia es el camino. Agradezco al Con­greso por apoyar esta inicia­tiva del Ejecutivo”, expresó.

Las sesiones deberán ser tras­mitidas en vivo a través de los medios audiovisuales de fácil acceso para la ciudadanía. En las mismas cada uno de sus miembros deberá fundamen­tar oralmente sus decisiones.

En lo que refiere al Consejo de la Magistratura, serán públi­cas las sesiones en las que se estudie la conformación de ternas para la máxima ins­tancia judicial, tribunales inferiores y juzgados, miem­bros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, fiscal gene­ral del Estado, fiscal adjunto, agentes fiscales, defensor general, defensores adjun­tos, defensor público, síndico general de quiebras y agentes síndicos.

Mientras que serán públicas las reuniones de la Corte en las que se trate la designación de miembros de tribu­nales inferiores, jueces, fisca­les adjuntos, agentes fiscales, defensor general, defensores adjuntos, defensores públi­cos, síndico general de quie­bras, así como de los agentes síndicos. En cuanto al Jurado de Enjuiciamiento de Magis­trados, deberán ser públicas también sus sesiones ordi­narias y extraordinarias al igual que el Consejo de Ministros del Gobierno. La normativa estipula también la posibilidad de que se soli­cite tratamiento de manera reservada.

Mientras el Ejecutivo promulgó la ley de transmisión de sesiones en organismos judiciales, la Corte Suprema de Justicia tiende a mantener el secretismo para la designación del nuevo defensor general, a realizarse el próximo 21 de mayo.

La terna remitida por el Consejo de la Magistratura está integrada por los aboga­dos Pedro Mayor Martínez, Leonardo Ledesma Samudio y María Lorena Segovia Azucas. La ministra Gladys Bareiro y el minis­tro Manuel Ramírez Candia ya dieron sus respectivos votos. Sin embargo, el ministro Antonio Fretes señaló que la votación debía ser por escrito, en forma secreta. El pedido tuvo adhesión de otros ministros.

Actualmente, Selva Morel se encuentra en funciones como defensora general interina, en reemplazo de la suspendida Noyme Yore, denunciada por diversas irregularidades.