Los abogados, conce­jal Orlando Fioro­tto y Rosa Vacchetta, representantes de los contri­buyentes de Asunción, recu­rrieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a fin de que el pleno resuelva la aclarato­ria que había sido planteada ante la Sala Constitucional en setiembre del 2018.

Esta acción se da después de que dicha instancia dic­tara una medida cautelar que suspendía los efectos de las resoluciones de la intendencia y de la Junta, que cedieron su atribución de carácter constitucional al contratar a la empresa panameña TX y Gaudí SA para que se hagan cargo de las recaudaciones del muni­cipio.

“La medida cautelar solo afectaba a los 3.000 firman­tes y no al resto de los miles de contribuyentes, que serán violados en sus legítimos derechos, de acuerdo a lo que prescribe el artículo 36 que garantiza la inviolabilidad del secreto documental de las personas y otras dispo­siciones”, dijo ayer Fiorotto.

Los representantes piden que la Corte en pleno entienda y resuelva la aclara­toria planteada, pues seña­lan que “es lo que corres­ponde, de acuerdo a lo que establece el artículo 259, inciso 5, y los artículos 132, 136, 137 y concordantes”.

Pasaron 8 meses y la Sala Constitucional no se ha pronunciado a pesar de los varios urgimientos reali­zados por los contribuyen­tes. Aseguran que el inten­dente Mario Ferreiro y la mayoría de los concejales con sus respectivas resolu­ciones violaron la Constitu­ción Nacional en su artículo 36, 166, 169, 170 y el Código Civil en su artículo 849.

Además, recuerdan que el municipio dispone de 8.000 funcionarios que deben hacer el trabajo y que están de acuerdo con que se actua­licen las cartas catastrales para terminar con la eva­sión y los morosos. “Pero no a cambio de la entrega de una comisión a la empresa privada del 22,75% por 10 años”, acotó Fiorotto.

Creen que no corresponde dicha tercerización por­que piden que el dinero de la ciudadanía, en vez de llevarse los empresarios, sea invertido en obras de infraestructura. “La casi nueva Corte con sus nuevos integrantes se ve obligada a estar del lado de la ciuda­danía y rechazar estos con­tratos ilegales e inconsti­tucionales que producirán daño”, expresó Fiorotto.

Por último, dijo que Luque ya dejó sin efecto la terceri­zación de los tributos. “Son unos falsos los responsables de la administración asun­cena cuando dicen que con­trataron a una consultora, cuando en realidad han entregado los 500 mil con­tribuyentes a unos paname­ños por 10 años”, finalizó.