• POR LOURDES PINTOS
• Periodista
• lourdes.pintos@gruponacion.com.py

Desde la asunción del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, hace ocho meses, se descubrieron varios hechos de corrupción, de los cuales sus principales prota­gonistas fueron en muchos de los casos ministros, directo­res y parlamentarios perte­necientes al equipo de Colo­rado Añetete.

Pero muy a pesar de la exis­tencia de pruebas e indicios suficientes como para demos­trar si fueron o no cometidos los delitos que se les atribu­yen, las instituciones encar­gadas de investigarlos se mantienen al margen de la situación, lo que hace supo­ner que detrás de un posible encubrimiento a las autori­dades de este gobierno habría una fuerte presión que impide iniciar un proceso penal con­tra los sindicados.

Llama la atención, por ejem­plo, la peculiar manera de proceder del Ministerio Público porque ante ciertas situaciones no trata todas las denuncias con la misma rigi­dez con que aborda otras.

Entre los casos cuestiona­bles se encuentra el de la pre­sidenta de Petróleos Para­guayos (Petropar), Patricia Samudio, y el de la ministra de Trabajo, Empleo y Segu­ridad Social (MTESS), Carla Bacigalupo.

Ambas son acusadas de varias irregularidades que fueron cometidas ni bien asumieron el cargo en agosto del 2018. Se habla de estafa, lesión de confianza, usurpa­ción de funciones públicas, asociación criminal, entre otras cosas, pero a pesar de haber sido denunciadas ante la Fiscalía, esta institución sigue demorando el proceso.

En el caso de Samudio, se men­cionó incluso un supuesto encubrimiento por parte de la Fiscalía General del Estado, ya que a pesar de los indicios de la comisión de delitos, no designaba a un fiscal para investigarla. Tras una cons­tante presión, finalmente nombró a la fiscala Clara Ruiz Díaz en el caso.

Sin embargo, la investiga­ción contra Bacigalupo sigue parada. Ni siquiera fue desig­nado un fiscal para investigar la denuncia por usurpación de funciones, estafa, aso­ciación criminal y lesión de confianza, tras una supuesta maniobra para adquisición de simuladores para el SNPP. La denuncia fue formulada hace casi dos meses ante la Fiscalía de Delitos Económicos.

En contacto con La Nación, la fiscala Clara Ruiz Díaz, quien investiga a la titular de Petropar por lesión de con­fianza, tráfico de influen­cias, entre otros, manifestó que se encuentra recopilando datos. Si bien no dio una fecha exacta en la que tendrá una respuesta, dijo que tiene varios datos importantes dentro de la causa.