Entre los procesos parados en el Minis­terio Público se encuentra el caso del pin­toresco diputado liberal Carlos Portillo, quien fue imputado y procesado por el hecho punible de tráfico de influencias tras tomar estado público una grabación en la que pedía US$ 3.000 a una mujer con la finalidad de arreglar un fallo judicial en tribunales del Alto Paraná utilizando sus contactos.

La acusación contra el legis­lador fue realizada por la fiscala Liliana Alcaraz de la Unidad de Delitos Econó­micos y Anticorrupción. El audio difundido data del mes de noviembre del 2017 e invo­lucra a la señora Auda Fleitas como la presunta víctima del parlamentario.

En el audio se lo escucha a Portillo siendo nexo con los camaristas Isidro “Cacho” González y Aniceto Aníbal Amarilla Ávalos, quien ante­riormente

ya fue involucrado en otro caso en el que “ayudaba” al también liberal Mario Casti­llo, ex intendente de Hernan­darias, para que negocie su caso sobre un supuesto des­falco de G. 21.000 millones.

En la grabación, el legisla­dor le dice a Fleitas que ya había adelantado el pago al juez González para resolver su caso y le avisaría para que pueda recuperar el dinero mediante un familiar cercano o un amigo. Según Portillo, el voto de González supues­tamente era el que faltaba en la resolución judicial para lograr una decisión favorable.

En otra parte del audio, Por­tillo le advirtió a la mujer que se tranquilice, ya que se había “armado la podrida” debido a que le llegaron registros de las conversaciones que mantuvo con ella.

AUDIENCIA PRELIMINAR

Actualmente se aguarda que se establezca la audiencia pre­liminar con el fin de conocer si el caso va camino a un juicio oral y público, tal como había pedido la Fiscalía. La decisión dependerá de la magistrada Cinthia Garcete, responsable del juzgado de Penal de Garan­tías Nº 5 de Ciudad del Este.

Durante el anterior período legislativo, la Cámara Baja benefi­ció al diputado liberal Carlos Portillo al definir que la pérdida de investidura de un legislador debe ser reglamentada mediante una normativa y no así por un reglamento interno directo del estamento, lo que dilata su tratamiento y prácticamente pone a salvo al parlamentario.

El proyecto de ley se encuentra actualmente en la Cámara de Senadores, donde deberá ser analizado. En caso de ser aceptado tal cual lo remitieron los diputados, el proyecto de ley pasa al Ejecutivo.

Si la iniciativa llegase a sufrir algún cambio, vuelve a la cámara de origen, en este caso Diputados. Mientras que si llegase a ser promulgada la reglamentación, no se podrá aplicar por ejemplo al caso de Portillo, quien fue acusado por el Ministerio Público por tráfico de influencias e inclusive se solicitó que su causa sea elevada a juicio oral y público.

La propuesta aprobada también por los diputados a finales del pasado año

a través de una actitud corporativista establece la necesidad de contar con una mayoría absoluta para proceder a la pérdida de investidura tanto en la Cámara Baja como en el Senado.