El Ing. Ángel María Recalde, uno de los pocos entendidos en materia hidroeléctrica del país, declaró a La Nación que existe mucha expectativa con relación a la inminente renego­ciación del Anexo “C” del Tra­tado de Itaipú prevista para el 2023, pero que hasta ahora el Ejecutivo no ha dado señales claras sobre el camino a seguir. Recalde ocupó cargos de rele­vancia en gobiernos anteriores, como presidente de la Adminis­tración Nacional de Electrici­dad (Ande), titular de Petróleos Paraguayos (Petropar) y en el gobierno anterior fue director de la hidroeléctrica Yacyretá.

–En el Numeral 6 del Anexo “C” se estableció una revisión luego de 50 años de entrada en vigor del Tratado, vigente desde agosto de 1973. Es decir, en agosto del 2023 se cumple ese plazo. Por su importancia requiere una revisión mucho antes. La expectativa existente es grande y mucha gente quiere participar. Lo que se ve hoy es que no existe ningún tipo de orientación del Gobierno, salvo el anuncio donde se habla de que el doctor Jeffrey Sachs estará en el equipo negociador, no sé en qué carácter, de coor­dinador o de asesor. Es inte­resante una persona del nivel de Sachs y puede darle mucho peso al equipo.

–En el contenido del Anexo “C” existe una palabra que es man­datoria: se revisará. Es decir, esa palabra, esa exigencia, de que los dos países se sienten a hablar de este tema, es a partir del cumplimiento de los 50 años que mencioné. Pero, por lo que se ve, por las buenas relaciones existentes entre Paraguay y el Brasil, aparentemente, existi­ría interés del otro lado de ade­lantar las negociaciones.

–Antes de que el equipo nego­ciador paraguayo se siente con su par a hablar, es importante que se sepa exactamente qué es lo que nosotros queremos obtener de esa renegociación. Este buen relacionamiento entre ambos países debe ser aprovechado, inclusive para tocar otros temas.

–Bueno, ahí está justamente. Ellos esa posición de que apa­rentemente, por las expresio­nes de algunos referentes, se llegue al acuerdo de que baje la tarifa. Esto es porque en el 2023 se volverá cero toda la carga financiera sobre Itaipú, que hoy representa 63% del costo (pago de intereses y ser­vicio de la deuda). Si desapa­rece esa carga, lógicamente con ese criterio va a bajar la tarifa. Ahora, de este lado, ¿queremos eso?, ¿nos con­viene también? Esto hay que consultarle a la Ande, a los industriales y consumidores en general.

–Hay personas calificadas que sostienen mantener los nive­les tarifarios actuales y, defi­nido el pago del servicio de la deuda, eso se distribuya entre los dos países en forma equi­tativa. A los números de hoy, serían más de US$ 1.000 millones anua­les para cada uno de los países. Pero esto es lo que nosotros tenemos que definir. Lo voy a decir como paraguayo: nosotros tenemos que sentar­nos para negociar esto, pero a sabiendas de cuál es el objetivo al que queremos llegar.

–Existen gremios y asociacio­nes desde los más encumbra­dos hasta los más humildes que están interesados en partici­par. Hay que escucharlos. No se puede cerrar las puertas a la gente y hay que hacerla par­tícipe. O si no, cualquiera que sea el resultado, va a ser recha­zado y vamos a caer de nuevo en los epítetos de vendepatrias y que se vendió la soberanía, etc. Tenemos que ir con cuidado y esto es una sugerencia que impulsamos desde el Instituto Paraguayo de Profesionales de Sector Eléctrico, IPPSE.

–Consumir hoy ese excedente no es posible de hoy a mañana. Se trata de un proceso. Hay que ver los planes de radicación de industrias, de consumo, de demanda de potencial y otros factores. Nuestra previsión de consumo de energía de todo lo que nos corresponde no está tan lejos. Nosotros crecemos en un promedio anual del 8% anual, pero si es el doble, el 15%, lo digo de manera exagerada, entonces vamos a tener serios problemas a mediano plazo. A este ritmo, las fuentes de ener­gía se van a agotar en el 2034 y la potencia que se requiere para atender la demanda se agotará en el 2029. Eso es en 10 años. Vamos a necesitar nue­vas fuentes de generación de aquí a 10 años.

–Por un lado está bien, por­que es una forma de desarro­llar el país. El índice de creci­miento de energía de un país es un indicador muy preciso de cómo va la economía. Si esta crece, el consumo de energía también crece. Por cada punto que crece el PIB, crece 2% el aumento de energía. Ahora tenemos un crecimiento del 4% del PIB y la energía está creciendo en el orden del 8%. Ahí está esa relación de 2 a 1 según los parámetros.

–Hay que analizar. ¿Tenemos las instalaciones, y si tenemos, qué tenemos que hacer, cuánto vamos a gastar, cuánto nos lle­vará hacer las líneas? Se diría que podemos vender a Argen­tina y Brasil porque somos paí­ses limítrofes. ¿Qué pasará si queremos vender a Uruguay o a Chile, cómo operamos, vamos a tener que pasar por líneas que no son nuestras? Hay que hacer un estudio. Eso lo que tenemos que hacer: preparar, analizar y luego decir esto con­viene, esto no conviene. Es fácil decir vamos a vender nuestra energía y vamos a recibir US$ 3.000 millones a año. Tal vez exista algo de razón en eso, pero se tiene que demostrar en estudios serios y sólidos.

–Hay tiempo, pero todo depen­diendo de qué es lo que se quiere hacer. Tenemos que tener accio­nes ya, no esperar mañana. Esto puede llevar tiempo. Por eso, de aquí a fin de año, en diciembre ya debemos definir lo que queremos como país. Habría que comenzar a traba­jar ya.

El Gobierno debe desig­nar las personas responsables. Lastimosamente no tenemos un órgano rector que fije las pautas, como por ejemplo un ministerio de energía, que no existe. Se crean otros ministe­rios, pero no uno para mane­jar la única riqueza palpable del país, que es su energía eléctrica.