Carla Bacigalupo, ministra de Tra­bajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), creó una reso­lución por la cual se otorga atribuciones en el Sis­tema Nacional de Promo­ción Profesional (SNPP) y en el Sistema Nacional de Formación y Capacita­ción Profesional (Sinafo­cal) para de esta manera restar poder a las auto­ridades de ambas insti­tuciones, quienes están avaladas por ley para administrar esas entida­des. Esta maniobra la hizo para firmar un convenio de dudosa legitimidad con una fundación privada.

Llamativamente, la Reso­lución Nº 604/2018 fue firmada el 8 de noviem­bre del 2018, cuatro días antes de refrendar el sos­pechoso convenio con la organización Operation Kids Foundation, que fue firmada 4 días después; es decir, el 12 de noviembre del mismo año.

La resolución establece que desde esa fecha en ade­lante los “convenios marco o convenios específicos suscriptos con el MTESS, con el SNPP y con el Sina­focal deberán ser firmados única y exclusivamente por la máxima autoridad del Ministerio de Trabajo”; en este caso, por Bacigalupo.

Contradictoriamente, las leyes por las que fue­ron creados el SNPP (Ley N° 253/71 y modificada por la Ley N° 1265/87) y el Sinafocal (Ley Nº 1652/2000) son claras al decir que las autoridades encargadas de adminis­trar esas instituciones serán nombradas por el Poder Ejecutivo, además estas personas deberán administrar los recur­sos, firmar acuerdos y convenios, entre otras asignaciones.

En ninguno de los artí­culos establece que la ministra de Trabajo será quien ejecute estas accio­nes ni que las autoridades del SNPP y del Sinafocal podrían ser relegadas.

Ni los mismos directivos del Sinafocal (Alfredo Mongelós) ni del SNPP (Addis Merlo) estuvieron al tanto ni participaron del procedimiento.

Bacigalupo, invocando la Carta Orgánica del MTESS, en la que se establece que ambas entidades depen­den del Ministerio de Tra­bajo, se toma atribuciones que transgreden las leyes vigentes. No está demás mencionar que ningún decreto y menos una reso­lución puede estar por encima de una ley promul­gada por el Ejecutivo. Con­siderando todo lo expuesto, estaríamos probablemente ante una clara violación de las leyes por parte de la ministra; por lo tanto, todas las medidas creadas a su conveniencia carece­rían de legalidad.

El convenio que firma Baci­galupo le iba a permitir la ejecución de más de G. 1.800 millones con la orga­nización norteamericana Operation Kids Founda­tion, para implementar un plan de capacitación para mipymes tanto en el Sina­focal como en el SNPP.

Lo raro del caso es que la organización repre­sentada por Jeremi Brad Brewer se dedica a recau­dar fondos para niños de escasos recursos de todo el mundo y no tiene sede propia en Paraguay. El convenio con el Sinafocal y el SNPP no tiene relación alguna con la infancia.