A juzgar por sus últimos movimientos, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, César Antonio Garay Zuccolillo, estaría queriendo mantenerse en el más alto nivel de la administración de justicia, considerando que el inicio de su juicio político en el Congreso Nacional está previsto para el 30 abril. Sin embargo, la excesiva mora judicial en dos circunscripciones del Chaco, Boquerón y Presidente Hayes, de los que es superintendente, no le ayuda para nada.
El pasado 25 de marzo participó por primera vez, en todo su mandato, de un encuentro realizado con representantes internacionales sobre lucha contra el narcotráfico y lavado de dinero, en Filadelfia, Departamento de Boquerón, en la Circunscripción Judicial, en la que cumple el rol de superintendente. Son cursos denominados “Capacidades investigativas y para juicio oral”, organizados por el Departamento de Justicia y Departamento de Estado de Estados Unidos. Participan investigadores, jueces y fiscales de Paraguay. Se realizaron también en Concepción y Ciudad del Este.
Precisamente, uno de los motivos para someter a Garay Zuccolillo a un juicio político para su destitución, fue porque el mismo tiene una “excesiva e irritante morosidad”. Es más, legisladores y numerosos profesionales lo calificaron de “inoperante” en la producción de fallos.
Mientras tanto, la Circunscripción Judicial del departamento de Presidente Hayes es denunciada por mora en todos los sentidos por la representante del gremio de abogados de ese departamento, abogada Paola Duarte Román. A la par, llama la atención los constantes agasajos en la mencionada circunscripción por parte de las actuarias judiciales, que provocan las quejas de quienes a diario acuden para diversos trámites judiciales. En estas condiciones, la tan esperada pronta justicia se dificulta cada vez más y los recurrentes a veces hasta deben aguardar años para que se despache un expediente. La gente humilde es la que más sufre.
De acuerdo con fotografías y denuncias arrimadas a la redacción, los cumpleaños en la Circunscripción de Villa Hayes son celebrados en la institución y en horario laboral. Ocurren ante la atenta mirada de los abogados y justiciables, quienes lamentan que no pueden accionar contra las auxiliares de justicia porque son considerados “intocables” porque tendrían la protección del doctor Oscar J. Rodríguez Kennedy. Es más, el mismo participa de los eventos. Esta actuación hace sospechar que las funcionarias gozan de privilegios por parte de esta última autoridad judicial, quien es un eterno aspirante a ministro de la Corte Suprema de Justicia.
Para complicar más las cosas, en el departamento de Boquerón varios magistrados se encuentran suspendidos en sus funciones, el Tribunal de Apelación de esa Circunscripción Judicial funciona con un solo miembro, el Tribunal de Sentencia con dos miembros, y los de Primera Instancia están suspendidos, lo que genera un caos jurídico a la hora de resolver los casos y consecuentemente conlleva a la mora judicial. Estas anomalías constan en informes a la Superintendencia de la CSJ de dos departamentos del Chaco, una zona sensible y por su lejanía se requiere de eficiencia a la hora de impartir justicia.
En efecto, en un completo informe a Eugenio Jiménez Rolón, titular de la CSJ, sobre la realidad de la justicia en el Chaco, hecha por la abogada Paola Duarte Román, el 15 de marzo último, se puede leer claramente: “(...) a raíz de este inconveniente, los plazos no son cumplidos, las providencias de mero trámite tardan meses en ser firmados, los juicios voluntarios terminan casi en años, además que estos juzgados solo cuentan con un funcionario para atención en público en ventanilla que generalmente son practicantes haciendo que los profesionales y usuarios de justicia estén horas parados para poder ser atendidos, lo que nos urge una pronta solución”.