Ante uno de los principales problemas del país, que es el hacinamiento en las

cárceles debido a la falta de infraestructura, el gobierno del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, un día después de haber asumido decidió cancelar el llamado a licitación pública internacional para la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios en Emboscada. La inadecuada infraestructura del sector ha contribuido a la ocurrencia de conflictos entre los reclusos, como los amotinamientos.

El llamado original para el proceso de licitación fue hecho por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a cargo en ese momento del ex ministro Ramón Jiménez Gaona, por cuenta del Ministerio de Justicia, encabezado por el ex secretario Éver Martínez, mediante la firma de un convenio en el que la última institución mencionada proveyó todos los términos para la convocatoria.

La cancelación fue dada a conocer por el ministro actual de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, en su cuenta de la red social Twitter, debido a los reclamos

de algunas constructoras paraguayas. El llamado a licitación incluía también

la provisión de equipamientos y fue hecho en el 2017. El rechazo contó con el respaldo del también ministro de Justicia, Julio Javier Ríos.

PROYECTO ESTABA ENCAMINADO

El proyecto ya se encontraba encaminado y el costo de la obra iba a demandar un total de G. 397 mil millones. Incluso ya se tenían los planos, en los que se indicaba que se contaría con 4 penitenciarías construidas dentro de 16 hectáreas y con un total de 108.416 metros cuadrados, y que incluso tendría la capacidad de albergar a un total de 5.110 internos. Se estimaba que una vez culminada la convocatoria, la construcción de las penitenciarías terminaría en un plazo de 12 meses.

Según los datos obtenidos hasta el 2017, las cárceles del país albergaban a 14.000 reclusos, pero actualmente la cifras van en aumento. La obra no solo tenía como finalidad combatir el hacinamiento en las cárceles, sino también poseía un enfoque social basado en mejorar la condición de vida de todos los internos.

Desde el MOPC se dio como pobre justificación al hablar de “una mayor profundización del proceso, a los efectos de garantizar que su ejecución reúna los presupuestos de transparencia, eficiencia e igualdad de oportunidades consagradas en la legislación vigente”, refiere la resolución Nº 1.320 de la institución, que fue firmada por Wiens.

EL ANTERIOR GOBIERNO

Al respecto, una de las ex principales autoridades del anterior gobierno comentó que la administración actual tiene todo el derecho y la obligación de revisar los procesos para llevar adelante los proyectos que se adapten a su visión del desarrollo de infraestructura del país. Declaró que eso es normal y que es lo mismo que ellos habían hecho a partir de agosto del 2013.

Sobre las críticas, de que se beneficiaría a una empresa extranjera, sostuvo que es “una especulación con el ánimo de dañar la gestión del ex presidente Horacio Cartes”. Expresó que la participación de las empresas internacionales fomenta la competencia, la innovación, la tecnológica, la inversión y, por sobre todas las cosas, disminuyen los precios.

PREVENCIÓN

En los últimos días, el actual gobierno se vio obligado a recurrir a las Fuerzas Armadas de la Nación para resguardar las cárceles a raíz de los 3 últimos amotinamientos que se registraron en las penitenciarías de Pedro Juan Caballero, Coronel Oviedo y Concepción por parte de miembros del Primer Comando Capital (PCC).

Se cree que el principal motivo de la realización de motines es el hacinamiento registrado en las penitenciarías, debido a que no se cuenta con lugares de alta seguridad para mantener a reclusos de alto riesgo.

Abdo había declarado estado de emergencia

Tras frenar el llamado a licitación para la construcción de nuevas cárceles en el municipio de Emboscada, departamento de Cordillera, el gobierno de Mario Abdo Benítez emitió un decreto declarando en estado de emergencia la infraestructura física de todos los establecimientos penitenciarios.

La resolución del Ejecutivo Nº 309 fue dada a conocer el 24 de setiembre del 2018. El objetivo de la medida dispuesta por el jefe de Estado fue para responder las necesidades inmediatas de las condiciones de las estructuras edilicias de las cárceles nacionales.

De esta manera, el Gobierno autorizó al Ministerio de Justicia a gestionar los recursos necesarios para realizar los trabajos de las necesidades emergentes en los lugares de reclusión.

NO HAY AVANCES

A través de una entrevista realizada por la 970 AM el pasado año, el titular de la cartera de Estado Julio Javier Ríos había mencionado que cuentan con otro proyecto para la construcción de nuevas redes penitenciaras, pero aún no hay avances.

Respecto a la declaración de emergencia hecha por Abdo Benítez, manifestó en aquella ocasión que se debe al hacinamiento que se produce en la mayoría de las cárceles del país. Incluso, quedó en evidencia que era consciente sobre la superpoblación en los reclusorios, pero respaldó la postura de rechazar la convocatoria realizada por el anterior gobierno en el 2017.