Una importante cantidad de instructores del Sistema Nacional de Promoción Profesional (SNPP) denuncian que son obligados a adquirir una notebook con el nuevo programa de identidad que se utilizarán en los distintos cursos durante este período 2019. Dicho programa aparentemente fue lanzado la semana pasada y el acto de presentación estuvo a cargo de la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), Carla Bacigalupo.

El costo total que cada uno de los profesionales está obligado a abonar por cada equipo es de G. 1.700.000, que será descontado en diez cuotas de G. 170.000, según señalaron los denunciantes que prefieren resguardar sus datos por temor a posibles represalias.

La orden de comercializar con estos equipos habría venido directamente de Bacigalupo, de acuerdo a lo mencionado.

La redacción de La Nación se puso en contacto con la dirección de Recursos Humanos del SNPP. Para saber los pormenores del caso, se consultó con la licenciada Marlene Ramírez, pero la misma negó que estén haciendo algún tipo de negocios dentro del ente. Inclusive señaló que en la institución desde hace años están utilizando el mismo programa y que no se realizó ningún cambio, obviando de esta manera el lanzamiento que habría hecho la ministra recientemente.

En un momento dado y superada por los nervios del momento, pidió que la persona que está denunciando diera los nombres de quiénes son los que supuestamente los están obligando a adquirir estos programas.

SNPP, SIN INSTRUCTORES

La supuesta obligatoriedad para la adquisición del nuevo programa para instructores del SNPP es solo uno de los tantos escándalos dentro de la institución a cargo de Bacigalupo. El pasado 22 de febrero, instructores se movilizaron frente a la sede central exigiendo sus recontrataciones. Hasta la fecha todavía no se cuenta con los instructores para este año e incluso hubo una gran reducción en los cursos ofrecidos.

Esto se generó a raíz de que aproximadamente 1.108 funcionarios, cuyos contratos vencieron en diciembre del año pasado (2018), están siendo sometidos a un nuevo proceso de evaluación para lograr ser recontratados. Según afirman los funcionarios, todo se debe a una disposición de la ministra.

Los mismos cuestionan el hecho de ser nuevamente evaluados, siendo que para acceder a sus cargos ya participaron y fueron seleccionados de un concurso público. Varios de ellos incluso hace años están prestando sus servicios en el ente. Sin embargo, el viceministro de Trabajo, Luis Orué, señaló que el proceso al cual están siendo sometidos es solo una evaluación para conocer las diferentes capacidades de los funcionarios ante las constantes denuncias en contra del SNPP.

La convocatoria para la mencionada movilización generó sus consecuencias. Una de esas fue contra la instructora Mirian Leiva, quien había denunciado que la sacaron del grupo de los habilitados para la siguiente fase de evaluación por haber estado al frente de la movilización.

Consultado al respecto, Orué señaló que la misma fue descontratada ya en noviembre del 2018 porque supuestamente contaba con una condena en su contra, pero la misma desmintió esto tras la presentación de sus antecedentes judiciales. A la fecha, Leiva integra el grupo de los instructores seleccionados a la espera de su recontratación.

Abogada Carla Adriana Bacigalupo Planás de Ribeiro.
Abogada Carla Adriana Bacigalupo Planás de Ribeiro.

Ambiente de inestabilidad y de persecución

El clima de inestabilidad dentro del Sistema Nacional de Promoción Profesional (SNPP) va en aumento. Los funcionarios cada día se sienten más atemorizados ante las constantes irregularidades que salen a la luz dentro del ente y las represalias en contra de las personas que se animan a denunciar los hechos. Se sienten perseguidos por las autoridades, pues son constantes los casos de funcionarios que fueron apartados de sus puestos por no encubrir las anomalías de la institución.

Joel Darío Ávalos, el ex encargado de Aulas Móviles, es uno de los funcionarios que sufrió en carne propia las consecuencias de contradecir a los directivos. El pasado 1 de marzo, le llegó la resolución en la que le comunican su traslado a la Dirección del Centro Tecnológico de Formación Profesional Paraguay Japón (CTFP-PJ).

Ávalos de alguna u otra manera también se vio afectado en las irregularidades que se habían cometido durante un proceso de licitación para la adquisición de simuladores de cargas pesadas, ya que al momento de la compra él se desempeñaba como instructor en jefe. Junto con la entonces directora Ynés Ríos, él se negó a recibir y a dar el visto bueno a los equipos que llegaron incompletos y que a la vez fueron adquiridos durante un incidentado proceso de adjudicación y con fuertes sospechas de un “negociado” detrás del mismo.

Al desatarse el escándalo, se dieron las primeras destituciones, la de Ynés Ríos y su hijo Gino Ruggero; Ávalos pasó a ocupar el cargo de director de Aulas que quedó vacante. Sin embargo, esa decisión habría sido solo momentánea para no levantar sospechas ante tantas destituciones. Fue así que se dejó pasar los días para finalmente informarle de su destitución del cargo.