Varios parlamentarios dieron el visto bueno en su momento a la Ley 5.841 que busca fomen­tar el uso del cemento hidráu­lico para la construcción de las obras viales, pero el pro­yecto fue una iniciativa del Congreso Nacional y no del Ejecutivo en el gobierno de Horacio Cartes, como algu­nos medios pretenden ins­talar. Hoy, llamativa y con­tradictoriamente, algunos políticos salen a cuestionar el anuncio de una inversión de US$ 180 millones para produ­cir cemento en Concepción.

El proyecto se había presen­tado el 5 de julio del 2017, siendo promulgado el 4 de agosto del mismo año. Los diputados que habían pre­sentado la propuesta fueron Dany Durand, Luis Alberto Larré, Enrique Pereira, Ramón Romero y Cornelius Sawatzky.

Algunos medios de prensa le siguen la corriente a la sena­dora Desirée Masi y preten­den instalar el “mensaje” de que fue el ex presidente Hora­cio Cartes quien, supuesta­mente valiéndose de su posi­ción, se habría aprovechado de información privilegiada para beneficio propio. Quie­nes cuestionan se olvidan que diputados y senadores apro­baron una legislación para uso masivo de cemento en las obras de infraestructura de manera gradual.

No obstante, extrañamente, la misma senadora fue quien presidió la comisión de Hacienda del Senado y firmó el dictamen, recomendando la aprobación del uso de cemento para su utilización en obras viales construidas por el Estado paraguayo en el marco de las políticas públi­cas. Fue el día 23 de mayo del 2017.

Luego de que el proyecto ingresó, fue girado a varias comisiones asesoras de la Cámara de Diputados como la de Legislación y Obras, Servi­cios Públicos y Comunicacio­nes. En esta última comisión se recomendó la aprobación sin ninguna objeción, en la que los diputados firmantes fueron Blanca Vargas, Víctor González, Celso Maldonado, Néstor Ferrer, Marcial Lez­cano y Nazario Rojas.

Luego fue aprobado en el plenario, donde obtuvo la media sanción. En la Cámara de Senadores se giró a las comisiones de Legislación, Hacienda, Obras y Cuentas y Control de la Administración Financiera.

La Comisión de Hacienda presentó un dictamen reco­mendando la aprobación del proyecto, firmado por Mario Abdo Benítez (en ese enton­ces senador), Emilia Alfaro, José Manuel Bóbeda, Espe­ranza Martínez, Desirée Masi, Juan Darío Monges, Derlis Osorio y Silvio Ovelar.

Mientras que la Comisión de Obras recomendaba la apro­bación, pero con modificacio­nes. Los senadores que firma­ron el dictamen fueron Luis Castiglioni, Derlis Osorio, Silvio Ovelar, Eduardo Petta y Luis Wagner. En el mismo sentido, por la Comisión de Legislación apoyaron la pro­puesta Enrique Bacchetta, Arnaldo Giuzzio y Eduardo Petta.

Fueron estos algunos de los políticos que no objetaron el uso masivo del cemento en obras viales; sin embargo, hoy critican la inversión de la nueva industria que se ubi­cará en Concepción.

Una planta cementera se ins­talará en el departamento de Concepción mediante una inversión del Grupo Car­tes y la empresa Jiménez Gaona & Lima, según anun­ció el empresario José Ortiz. El costo de la inversión ron­daría los US$ 180 millones y generaría unos 500 nuevos puestos laborales en la pri­mera fase. La producción anual proyectada alcanzaría las 1.000.000 de toneladas de cemento, logrando una gene­ración de 1.500 empleos para la fase de obras.

La ley fue promulgada en agosto del 2017, pero aún no está reglamentada, pese a que en el artículo 6º se indica un plazo de 6 meses para la reglamentación, lapso que se cumplió en febrero del año pasado. A partir de ese tiempo, la ley ya debería de estar en vigencia para su ejecución. Hasta la fecha no se tuvo en cuenta esta ley para alguna obra vial.

La ley resuelve que del total de las obras viales programadas para cada ejercicio fiscal, el organismo ejecutor responsable queda obligado al planeamiento, programación, presupuesto y la contratación de la construcción con cemento hidráulico en un porcentaje. El primer año inicial quince por ciento (15%); segundo año veinte por ciento (20%); tercer año veinticinco por ciento (25%) y cuarto año treinta por ciento (30%).

La Secretaría Técnica de Planificación, el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y el Ministerio de Hacienda quedan asignados como responsables del cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley.