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El Ministerio de Edu­cación y Ciencias (MEC) adjudicó a cuatro empresas el montaje de 209 aulas prefabricadas en 16 departamentos, mediante una licitación que canalizó a tra­vés de la Organización de Esta­dos Iberoamericanos (OEI). El ensamblaje de estas salas cos­tará unos G. 15.000 millones.

Para la instalación de estas salas de clases el MEC desem­bolsará G. 72 millones por cada unidad instalada, según los montos consignados a cada proveedor que figura en la página del organismo inter­nacional. Los ceramistas e ingenieros de la construcción hablan de que esos prefabri­cados tienen como mucho una vida útil de 10 años.

Sin embargo, si tomamos como referencias las aulas conven­cionales (ladrillo y tejas), lo que se paga por este tipo de aula con las mismas dimensio­nes, aproximadamente cuesta menos entre G. 80 millones y G. 90 millones, según referen­tes del gremio de la construc­ción local. Es decir, cuestan lo mismo, son más confortables y tienen más vida útil.

Otro hecho resaltante es que la cartera de educación esta­tal licitó a ciegas la compra, no tienen contrato ni están enterados de las condiciones de la adjudicación. Es decir, que deja en manos de otros para que manejen la millo­naria inversión, para la cons­trucción de las aulas prefabri­cadas, cuando la institución debería marcar las pautas por ser el órgano rector. Los fondos provienen de la Unión Europea.

“La dirección de infraestruc­tura del MEC tiene a su cargo la fiscalización de las aulas en las instituciones educati­vas incluidas en el llamado. La OEI se encargó del pro­ceso licitatorio y de la adju­dicación”, manifestó Anto­nia Raquel Ortellado Bello, encargada de la dirección de Infraestructura del MEC. La alta funcionaria sostuvo que su tarea será “solo fiscalizar”, cuando estén todas las aulas listas.

Luego de mucha insisten­cia, hablamos con Fátima Giménez de la OEI, quien de forma escueta señaló que ellos “no pueden dar a cono­cer el contrato”.

“Nosotros no publicamos el contrato, no tenemos el lugar para publicar, solamente se publica a quien se le adju­dicó y el monto. No tenemos un lugar para publicar”, enfa­tizó Giménez al ser requerida sobre las condiciones de la adjudicación.

Hablamos también con el director general de Adminis­tración y Finanzas, Alejandro Duarte, para ver si nos podría dar detalles del contrato, por la carencia de mayores datos eco­nómicos como de obligaciones del pliego de bases y condicio­nes (PBC).

Duarte prometió conseguir y facilitar el contrato el pasado 11 de marzo, pero se llamó a silen­cio sobre el tema. Insistimos todos los días, pero tampoco da retorno.

Con respecto a la vida útil de estas aulas prefabrica­das, especialistas del rubro y entendidos en esta materia coinciden que como máximo duran 8 años. Esto si reali­zan los respectivos mante­nimientos y en caso de que no lo hagan, pueden durar mucho menos. Resaltaron que es más conveniente la construcción de las aulas convencionales, ya que este tipo puede durar más de 50 años.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria Cerámica, Ricardo Maluf, explicó que intentaron tener un acercamiento con el titu­lar del MEC, Eduardo Petta, para prever esta situación, pero explicó que no tuvieron retorno.

“Tratamos de hablar con Petta en noviembre ya, pero no hubo caso. Ellos utilizan el argumento de la celeridad, pero si esto se hacía en tiempo y forma, cada aula puede termi­narse en 15 días”, dijo Maluf.

Bajo siete llaves tienen el con­trato, en la OEI y en el MEC siguen el libreto de desentendi­dos en la materia. Esquivaron el proceso de Contrataciones Públicas para no transparen­tar la licitación, ya que así evi­tan publicar un montón de documentos propios de adju­dicaciones por cifras elevadas, como este caso.

Basta con mirar las adjudica­ciones que se realizaron en los últimos 5 años mediante Con­trataciones. Por ejemplo, en Ayolas se pagaron G. 80 millo­nes por la construcción de un aula de materiales convencio­nales con capacidad superior a la prefabricada y con mayor duración.

En San Ignacio Misiones, la municipalidad pagó G. 123 millones por la construcción de 2 aulas de materiales con­vencionales, es decir G. 61 millones por cada una.

El señor Víctor Ayala, directivo de la Cerámica Yoayu, disparó direc­tamente, primero contra el presidente de la República, Mario Abdo, y luego contra el ministro Eduardo Petta. Agregó que van a judiciali­zar este proceso de construcción de aulas prefabricadas.

“Esto es una vergüenza, están violando la ley al construir proyectos del Gobierno con materiales del extranjero. El mismo presidente de la República, en un discurso en Tobatí durante su campaña, prome­tió nunca más aulas prefabricadas y nos mintió”, aseveró Ayala.

Indicó también que muchas de las fábricas están trabajando a medias por la falta de mercado para los productos. En lo que res­pecta a la mano de obra y el impacto en la economía, resaltó que es un sector que emplea a muchas familias paraguayas y que se ven afectadas por este tipo de atropellos del Gobierno Nacional.