- POR JORGE TORRES ROMERO
A partir de la denuncia penal que había formulado el ex ministro de Relaciones Exteriores Héctor Lacognata (2009), basado en el resultado de un informe de auditoría practicada al consulado paraguayo en Buenos Aires durante el ejercicio 2005-2008, la Justicia condenó a siete años de cárcel a Domingo Arzamendia, quien había sido nombrado por Nicanor Duarte Frutos como cónsul general en la capital Argentina.
Arzamendia, quien falleció el 7 de octubre del 2015, antes de ser nombrado como cónsul se desempeñaba como chofer del ex presidente Duarte Frutos y era considerado como uno de sus hombres de confianza, al punto que le asignó la tarea de protección de uno de sus hijos que estaba estudiando en Buenos Aires al tiempo de ejercer su cargo como cónsul.
La Cancillería Nacional, a cargo de Lacognata, había denunciado el 22 de mayo del 2009 ante la Fiscalía de Delitos Económicos que bajo la administración del entonces cónsul general paraguayo en Buenos Aires, Domingo Arzamendia, se produjeron diferentes delitos y daño patrimonial al Estado paraguayo por cerca de los US$ 800.000.
LA ACUSACIÓN CONTRA NICANOR
De acuerdo a las publicaciones periodísticas de la época (Abc, 26/10/09), la denuncia de la Cancillería solo involucró a Arzamendia, pero el entonces canciller Lacognata declaró públicamente que con dinero del consulado en Buenos Aires, el ex presidente Duarte Frutos compró para su familia un departamento en la capital argentina. A eso se suma que uno de los hijos mayores de Nicanor estaba estudiando una carrera universitaria en Buenos Aires y Arzamendia era uno de sus custodios personales.
El ex canciller puntualizó que “Nicanor tendrá que hablar y mucho cuando aparezcan imputaciones sobre fraude en diferentes consulados y, en particular, en Buenos Aires, donde se beneficiaron él y su hijo. No quiero dar datos que puedan entorpecer la investigación, pero hay suficiente documentación que parte de la recaudación iba a pasajes del hijo (de Nicanor), se compró un departamento en Buenos Aires. Esas son las cosas que tienen que preocupar a Nicanor cuando está frente a un micrófono”, había declarado el entonces ministro de Relaciones Exteriores.
CASOS DE PLANILLERISMO
La auditoría al consulado de Buenos Aires detectó también que se encontraron ocho nombres de funcionarios que figuran en la nómina de contratados temporales con registros de asistencia irregular a su lugar de trabajo. Esto significó para el Estado un impacto negativo de US$ 339.500.
En el 2013, el Tribunal de Sentencia, integrado por Lourdes Peña, Manuel Aguirre y Rosarito Montanía, llegó a condenar a Arzamendia por exacción, estafa, uso de documentos no auténticos, utilización de marcas de valor no auténticos, excluyéndose la extorsión, que no fue comprobada. El perjuicio que había generado el ex cónsul alcanzó la suma de US$ 538.000.
Arzamendia declaró falsamente ante la Dirección General de Administración y Finanzas de Relaciones Exteriores que contrató a nueve personas, que son Maura Figari, Sabino Mereles, Teodolina Flor, Gilberto Quiñónez, Grisell Gill, Apolonia López, Isaac Rojas, Barcilicia Candia y Alfredo Roa.
Las citadas personas supuestamente fueron contratadas para prestar servicios en la sede diplomática a su cargo y bajo su supervisión. En ese contexto, recibía mensualmente los cheques correspondientes a los pagos de haberes de las citadas personas. Sin embargo, estos contratados nunca prestaron servicio en la sede del consulado. Arzamendia se quedaba con todos los cheques que llegaban al consulado desde el 2005 al 2008, totalizando US$ 421.814.
De acuerdo a las conclusiones del informe de auditoría, pero que no llegaron a demostrarse en el juicio, Arzamendia habría realizado todas estas operaciones por orden directa del entonces presidente de la República, por ello también la contundencia en las declaraciones de Lacognata al señalar que Duarte Frutos compró hasta un departamento y pagó los viajes de su hijo con fondos del consulado.