- POR VÍCTOR CANO PIRIS
- Periodista
- victor.cano@gruponacion.com.py
En esta entrega, el procurador general de la República, Sergio Coscia Nogués, hace hincapié en el sideral monto planteado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los demandantes contra el Estado paraguayo.
–¿A qué se refiere la última medida cautelar interpuesta por Cristina Arrom?
–Cuando nosotros damos a conocer que ellos pidieron US$ 63 millones, ellos solicitan una medida cautelar para que la prensa no pueda publicar ningún dato del proceso. Esto es de conocimiento público, está en la página web. Después de eso solicitan una medida de protección judicial; yo no sé en qué fundan esta medida, ya que Arrom y Martí se fugaron caminando por el puente, no es que ellos estaban amenazados, presos o privados de su libertad.
Nunca existió una persecución política ni mucho menos jurídica contra ellos dos. Entonces, ellos mal pueden estar diciendo y alegando; ya ni su estatus de refugiados se podría haber dado. Sin embargo, por el contexto político, se les dio el estatus de refugiados en Brasil. Si ellos estaban libres, Juan Arrom había sido candidato.
El Conare (Comité Nacional para Refugiados) otorgó el estatus, sin ningún motivo, por el simple hecho de que ellos estaban en las puertas de un juicio oral y público. Este se debió más que nada al contexto político, los gobiernos eran todos de izquierda, yo supongo que fue por eso. No puede ser por otra causa, ya que ellos (Arrom y Martí) tenían libertad otorgada por la misma Corte Suprema de Justicia, no es que le otorgó un juez de Primera Instancia. Ellos tenían una libertad otorgada por la Corte, qué más garantías podía tener que la propia Corte te dé tu libertad.
–¿Qué significa que Arrom y Martí hayan “instrumentalizado” las medidas cautelares que interpusieron?
–Las primeras medidas cautelares se las dieron en total contravención del propio sistema interamericano de DDHH porque hay un involucramiento de la CIDH respecto al sistema procesal penal interno paraguayo. Y eso está prohibido por el propio Pacto de San José de Costa Rica. Sin embargo lo hicieron, esto lo señala el juez Vio Grossi a la CIDH: ustedes dieron una medida cautelar a sabiendas de que existía una medida judicial interpuesta. En efecto, fue así, ellos (la CIDH) otorgaron una medida cautelar de protección judicial pese a que existía en ese momento una orden de captura en su contra.
–¿Qué opina de la indemnización requerida por los peticionarios?
–Ellos tiraron irresponsablemente esos montos al azar, de manera absolutamente ofensiva. El primer monto de US$ 63 millones en su escrito; luego este último monto que dijeron en la audiencia US$ 123, 50 millones para Arrom, US$ 50 millones para Martí y US$ 23 millones para cada uno de sus familiares. Esto es incluso más ofensivo para el Estado paraguayo y para las personas que estaban viendo la audiencia. Y más aún todavía para el sistema. Más que un petitorio, los US$ 123 millones son una ofensa al sistema interamericano de DDHH.