Representantes de familias desalojadas el pasado miércoles del terreno de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), en el barrio Cañada San Rafael de la ciudad de Luque, revelaron el sistema de múltiples cobros que aplicaban los dirigentes a los sintechos esperanzados en que las tierras estaban en trámite para su titulación a nombre de los ocupantes del referido asentamiento 12 de Junio, Héroes del Chaco. Coinciden en señalar como la principal gestora de este esquema a Cristina Aquino Saucedo.

“Todos los sábados se hacía una reunión. A toda la gente se le cobraba la mensura y la topografía. Todos los días sábados se abonaban G. 10.000 y por ambos se pagaban G. 60.000 o G. 120.000. A los que entraron luego se les cobró G. 150.000. Yo a veces no tenía y me cobraba multa”, relató Norma Vera, una de las afectadas, en entrevista concedida a Unicanal. Precisó que para el ingreso hubo gente que pagó hasta G. 1.000.000.

Zulma Rodríguez, también ex ocupante, afirmó: “Ahora sí sabemos que fuimos estafadas por esa señora. Yo, por ejemplo, me quedé en la calle con mis hijos en la plaza. Una señora me dio unas cuantas colchas. Tengo 7 hijos, soy madre soltera, vendedora de remedios yuyos. Mi hijo se accidentó. Cristina no quería que nosotros salgamos para buscar un trabajo porque los días sábados teníamos que limpiar”.

Ambas mujeres no dudaron en calificar a Aquino como una “estafadora” y exhibieron recibos de pagos que les fueron dados por la mujer, quien fungía de presidente del asentamiento 12 de Junio, Héroes del Chaco. Según versiones, la dirigente sintecho contaba con la complicidad de Nadua Gómez (a quien corresponde una de las firmas legibles en los recibos), una funcionaria del Instituto de Previsión Social (IPS), llamada María Arévalos, y el abogado Néstor Noceda.