El pedido final de com­posición de Juan Arrom y Anuncio Martí al Estado paraguayo es de US$ 123 millones, informó el procurador general de la República, Sergio Coscia. El Estado paraguayo debe pre­sentar sus alegatos finales a más tardar el viernes 8 de marzo.

“La suma final que ellos piden es de US$ 50 millones para Arrom, US$ 50 millones para Martí y US$ 23 millones para los familiares. Es la suma final que surge de la audiencia”, mencionó el procurador en comunicación con la 98.5 FM.

En los próximos días, el Gobierno enviaría los docu­mentos necesarios a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Consis­tiría en unas 60 páginas que por “valija diplomática” llegarían a la Embajada de Paraguay en Costa Rica, encargada de cana­lizarla a la instancia de juzga­miento. “Hicimos un trabajo técnico entre todas las insti­tuciones involucradas. Tene­mos muchísima esperanza en la actuación de los jueces”, ase­veró Coscia respecto al trabajo en desarrollo.

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Anuncio Martí y Juan Arrom.

En febrero se hicieron las audiencias sobre el caso ante la Corte IDH en San José, Costa Rica, donde entre varios testi­monios Cristina Arrom, her­mana de Juan Arrom, había manifestado que no conocía a María Edith de Debernardi. Sin embargo, su hermana Marina estuvo casada con Gui­llermo Bordón, hermano de la secuestrada.

Luego de 15 años de la denun­cia, la Comisión Interame­ricana de Derechos Huma­nos (CIDH), dictaminante ante la Corte IDH, apoyó el Gobierno paraguayo resar­cir a ambos recurrentes por los supuestos problemas de salud que le ocasionaron las torturas a las que se les sometió. En agosto del 2003, Arrom y Martí habían huido del país un día antes del jui­cio oral y público por el caso de secuestro a María Edith de Debernardi. Ahora se encuentran como refugiados políticos en Brasil, mientras que la demanda se presentó en el 2002 ante la CIDH.

Arrom y Martí formaron parte del Partido Patria Libre (PPL), que contaba con un brazo armado que se convirtió en lo que es hoy la banda criminal de secues­tros, extorsión y asesina­tos autodenominada Ejér­cito del Pueblo Paraguayo (EPP).

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