investigación@gruponacion.com.py
El último dictamen que emitió hace apenas un año la Dirección de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, que recomienda que los bienes del ex presidente de la República y actual director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, sean investigados de nuevo, confirma que este no rindió cuentas en rigor ante la Justicia sobre la fortuna que acumuló durante sus años en la función pública.
Yolanda Portillo fue la fiscala que dictaminó en enero del 2018 la reapertura de la causa a raíz de la denuncia presentada por el parlasuriano Nelson Argaña, de Colorado Añetete; sin embargo, este desistió por el camino “a pedido de los amigos” del entorno del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
Duarte Frutos se jacta de que fue investigado tres veces por la misma causa. Sin embargo, él era nada menos que la máxima autoridad de la República cuando en el 2006 los fiscales Liliana Alcaraz y René Fernández tomaron el caso por primera vez. Cabe remarcar que esa pesquisa solo se enfocó en los bienes que oficializaron él y su esposa, María Gloria Penayo, según refieren publicaciones de la época.
Duarte Frutos, así como muchos políticos, se valió de la correspondencia de bienes, que de manera extraña siempre les sale a favor en la Contraloría. Quedaron fuera de la investigación nombres claves sindicados como testaferros, como el caso de su ya difunto concuñado José David Orrego, un modesto operador de computadoras que hacía de secretario en Mburuvicha Róga y quien en agosto del 2003 compró una estancia de 3.800 hectáreas por US$ 350 mil, pero es un secreto a voces que en realidad es de Duarte Frutos el campo modelo.
Rosa María Penayo, viuda de José David Orrego, es hermana de la esposa de Duarte Frutos y de trabajar como secretaria en el Banco Central del Paraguay (BCP), en el 2005 pasó a ser accionista de la firma Tembiaporã SA junto con su suegra, Francisca Aquino, según documentos de Hacienda. La sociedad se liquidó en el 2015.
El difunto Orrego y Rosa María, ambos de modesto nivel social, eran la cara visible de las millonarias inversiones.
Rodrigo Espínola Solaeche, otro sobrino de Duarte Frutos, de andar en un vehículo usado modelo 1996, sin antecedentes laborales en ese momento, en el 2006 estaba estrenando una camioneta de US$ 50 mil. Este mismo año compró al contado una casa de G. 350 millones, también realizaba adquisición y refacción de inmuebles en Coronel Oviedo, ciudad natal del actual director de Yacyretá. Llamativamente, recién en el 2012 el ex mandatario inscribe propiedades a su nombre en su urbe de origen.
Como se esperaba, el mandatario zafó de una imputación por enriquecimiento ilícito. Varios prestanombres sospechosos no fueron incluidos en la investigación y se archivó la causa.
La segunda investigación por enriquecimiento ilícito se le reabrió al dejar la Presidencia fue en el 2008, pero Duarte Frutos consiguió un fallo judicial para que se investiguen solamente sus ingresos y egresos del 2007 al 2008. Con esta limitación en la pesquisa, el ex mandatario pudo zafar otra vez de la Justicia. Sin embargo, en ese año (2008) la Contraloría había informado que no existe correspondencia en los bienes de Duarte Frutos, quien declaró un patrimonio de G. 3.800 millones, cuando todo su ingreso de presidente fue de G. 1.159 millones.
La última denuncia por enriquecimiento ilícito contra Duarte Frutos fue presentada por Nelson Argaña en el 2016 y en la misma se suscribe el nombre de varios sindicados como testaferros. Después de dos años de congelarse esta denuncia, hace un año la fiscala Yolanda Portillo recomendó que se reabra la causa por haber suficientes elementos a investigar. Sin embargo, el actual director de Yacyretá logró encajar en el equipo del poder de turno y el parlasuriano desistió de su denuncia hace dos meses.
LOS BIENES
Un búnker modelo que abarca 10 lotes a lo largo de una manzana, imposible de justificar con su sueldo de 5 años como presidente de la República. Una docena de propiedades inscriptas en Catastro entre Duarte Frutos y su esposa, Gloria Penayo, después de dejar el cargo de mandatario. Un gigantesco templo valuado hoy en unos US$ 250 mil y varios inmuebles registrados por la mujer en la ciudad de Atyrá entre el 2011/2012 forman parte de la colección de bienes que tiene. En Atyrá, la pareja tiene una paradisiaca quinta que Duarte Frutos había atribuido a una herencia familiar de la mujer. Gloria Penayo inscribió a su nombre inmuebles que anteriormente figuraban como propiedad de su hermana, Rosa María Penayo, sindicada como testaferro del ex presidente. Estas fincas están ubicadas en las inmediaciones de la casa de descanso. Duarte Frutos también inscribió propiedades a su nombre en Irala Fernández de 450 y 17 hectáreas en misma fecha del 2/11/2012. Después de dejar la Presidencia se registraron inmuebles a nombre de ambos en Coronel Oviedo, San Bernardino, Atyrá, Chaco, Lambaré.
Hija y yerno en una sociedad de G. 1.000 millones
La prosperidad del actual director de Yacyretá se hace extensiva a la familia.
En el 2015 se disolvió Tembiaporã SA, sociedad conformada entre Rosa María Penayo, la cuñada de Duarte Frutos y la suegra de esta, Francisca Aquino. El 4 de setiembre del 2015 aparece Pahiesa SA, firma integrada con G. 1.000 millones de capital entre María Betania Duarte Penayo, hija del actual director de Yacyretá, y su esposo, Ariel Samaniego Rotela.
Incluyeron también en Pahiesa a Rodolfo Amín Yambay y a Rocío Samaniego Rotela, cuñada de la hija de Duarte Frutos.
Pahiesa se registra con actividad agrícola, ganadera y forestal. A través de esta SA emprendieron un ambicioso proyecto agroforestal en el lugar denominado cuatro vientos. Samaniego, yerno de Duarte Frutos, se había defendido cuando apareció en la nómina de supuestos testaferros que denunció Nelson Argaña.
El joven había alegado que él y su familia se dedican al rubro agropecuario desde hace tiempo y tienen varias propiedades en el Chaco. Sin embargo, llama la atención que recién en el 2015 haya oficializado por primera vez una sociedad anónima y justamente con la hija del eterno sospechoso de enriquecimiento ilícito.