• POR VÍCTOR CANO PIRIS
• Periodista
• victor.cano@gruponación.com.py

“Los cálculos del alquiler de las urnas electró­nicas para el día de las elec­ciones arrojan que con unas 21.000 mesas de votos alcan­zaría aproximadamente unos US$ 85 millones; el país más cercano que puede propor­cionarnos es el Brasil, y Para­guay no se encuentra en con­diciones de poder ensamblar una urna que contenga el pro­grama”, declaró Juan Villalba, viceministro de Asuntos Políti­cos del Ministerio del Interior, en entrevista exclusiva con La Nación.

El viceministro nos recibió en su despacho, donde nos comentó de manera porme­norizada los detalles del ante­proyecto de ley que apunta a reformar el sistema electoral. Villalba lidera uno de los fren­tes de trabajo, en el que se dio mucha participación a orga­nizaciones políticas y civiles, aunque otros sectores como el mismo Tribunal Superior de Justicia Electoral también acercarán sus propuestas al Congreso a la espera de un estudio general. En esta entre­vista, Villalba destaca aspec­tos del trabajo realizado en su ámbito.

–El Ministerio del Interior (MI) constituyó las mesas temáticas de diálogo, com­puestas por los representan­tes de partidos y movimientos políticos electos en las últimas elecciones y de la sociedad civil organizada. El trabajo técnico de redacción sistemática del anteproyecto, en base a las con­clusiones a las que se llegaron, fue hecho por la asesoría téc­nica del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Cabe mencionar que se cuenta también como insumo el pro­yecto de modificación que pre­sentó el TSJE en el 2014, que quedó estancado. En vista de que no tuvo un eco muy favo­rable en su momento, ahora se le da un empuje mucho más político a este trabajo, en vista a buscar una reforma del sis­tema en sí.

–Se llegó a un gran acuerdo, o al menos un consenso pleno, de que se deben desbloquear las listas cerradas (listas sábana). Si bien el Parlamento es el que debe adoptar por la modalidad más conveniente, todo tiende a que se haga el desbloqueo y, probablemente, en las inter­nas a través del voto preferente. Doy un ejemplo: Si vos sos el candidato número 5 en la lista 1, entonces yo puedo marcar el Nº 5 dentro de la casilla de la lista 1 para senadores. Al mar­car el Nº 5 dentro de la casilla, el voto va a indicar la sumato­ria total, la cantidad de esca­ños que va a tener ese partido y luego se estará viendo a tra­vés de un conteo paralelo quié­nes fueron los candidatos más votados, y eso constituiría el orden de la lista dentro de las internas para presentarse o inscribirse en las nacionales.

–Que pasemos de listas cerra­das bloqueadas a listas cerra­das desbloqueadas con voto preferencial. Un solo voto por un solo candidato. Aquí lo que se busca es, primero, que cada candidato haga campaña por sí mismo dentro de la nuclea­ción o movimiento político donde ellos militen y, por el otro lado, que el elector pueda elegir el orden, votando a su candidato de preferencia.

Esto implicará mayor cam­paña publicitaria, como tam­bién una mayor campaña per­sonalizada de los candidatos, siempre dentro del mismo movimiento, en sus internas. Para que a través del resultado de la interna se elabore una lista propia de los partidos en base a la preferencia del elec­tor. Esta es una de las moda­lidades, con lo cual coincidi­mos con los técnicos del TSJE. Independientemente, los par­lamentarios podrían optar por otras modalidades.

Con la normativa propuesta, se aplicaría en las elecciones generales y municipales. Pero se deja también la opción de que los partidos, dentro de su autonomía, puedan optar por la modalidad que más les convenga. Ya sea optando por el sistema de representa­ción proporcional (Sistema d’Hondt), que actualmente nos rige, o aplicar esta nueva modalidad para la elección de sus propias autoridades.

–Esta doble opción se debe a una cuestión muy fundamen­tal, para aplicar esta modalidad (desbloqueo de listas cerradas) se necesita necesariamente la aplicación de tecnología para una mayor precisión y rapi­dez; es decir, lo mínimo que se precisa para el desbloqueo es que la Justicia Electoral, por lo menos, tenga la disponibi­lidad de aplicar el escrutinio electrónico.

El desbloqueo de listas cerra­das será para todos los cargos. Todo cargo que implique una composición corporativa va a ser implementado de acuerdo a este sistema, pero lo que hay que aclarar es que esta es una modalidad. Es la modalidad en la que los técnicos y la posi­ción política de la mayoría de los partidos coinciden. Exis­ten otras modalidades que si es que obtiene cierta mayoría dentro del Parlamento pue­den ser adoptadas.

–Lo que se pretende aquí es que a través de esta modificación se le otorgue la facultad al TSJE de reglamentar cada elección en relación a la aplicación tec­nológica que se va a utilizar, en cuanto a software y hardware.

El anteproyecto establece otor­gar la facultad al TSJE de poder reglamentar la aplicación de tecnología para cada caso en particular. No se puede legislar sobre una determinada tecno­logía, teniendo en cuenta varios parámetros, pero el más funda­mental es que la tecnología es tan dinámica que legislar ahora sobre un determinado pro­grama puede constituir mate­ria desfasada dentro de un año. Entiéndase que el voto electró­nico (a través de urnas electró­nicas) y el escrutinio electró­nico son procesos diferentes.

–En cuanto a las urnas elec­trónicas, el alquiler de estas para el día de las elecciones, los cálculos arrojan que con unas 21.000 mesas de votos alcanzaría aproximadamente unos US$ 85 millones. El país más cercano que puede pro­porcionárnoslas es el Brasil. Todo dependería fundamen­talmente de la disponibilidad presupuestaria.

En cuanto al desarrollo de tec­nología nacional, según los datos que proporcionó la Jus­ticia Electoral, nuestro país no se encuentra en condiciones de poder ensamblar una urna que contenga el programa. Si bien es posible desarrollar el software nacional, la limita­ción se da en el ensamblaje de la máquina, el hardware.

Por otro lado, el escrutinio electrónico (recuento de votos de una elección) se daría a tra­vés de una tablet, parecida a un celular, cuyo costo es de US$ 5-8 por unidad, mucho más barato que alquilar urnas electrónicas. La posibilidad del escrutinio electrónico no sola­mente dota de rapidez y preci­sión al conteo, sino que tam­bién va a otorgar garantías de control a todos los partidos a través de sus apoderados.

El trabajo que antes era manual se va a convertir en un trabajo automático y elec­trónico. Los certificados de resultados de mesa podrán ser impresos de acuerdo a la canti­dad de apoderados requerien­tes en ese momento, indepen dientemente a su propia acta electoral, de acuerdo al expe­diente que tiene en mesa. Esto reduciría errores en los mis­mos, que siempre conllevan después a reclamos o a pedidos de impugnación en el momento del cómputo provisorio, como también en el juzgamiento defi­nitivo. Se equipará el acceso a la documentación.

–La modificación incorpo­rará dentro del artículo que la Policía Nacional tendrá que proporcionar todos los datos requeridos de acuerdo al pro­grama de identificación bio­métrica a ser utilizado. Una aclaración importante, no se confecciona un nuevo padrón electoral, sino que solamente se extraen aquellos datos preci­sados y se los entrecruza con el padrón electoral vigente.

La base de datos de la Poli­cía Nacional va a aportar una información técnica funda­mental, que serían las huellas digitales para su identificación biométrica. El registro biomé­trico del rostro resulta una tec­nología mucho más cara que la del registro dactilar.

–Coincidimos con los partidos y movimientos políticos en que la eliminación de la figura de la junta cívica es la más conve­niente. Estas crearon un con­flicto y desavenencias en su conformación. Se llevaron a cabo varias acciones de incons­titucionalidad en todas partes.

Esto ha obstaculizado el pro­ceso electoral al no poder con­formarse estas juntas. Enton­ces se ha buscado una salida, lo que haríamos es que a través de una resolución jurisdiccional del Tribunal Electoral, de cada circunscripción judicial electo­ral, a propuestas del Consejo del Registro Electoral, se pre­sente una nómina de funcio­narios tanto nombrados como contratados del TSJE para que sean los delegados electorales en cada local de votación.

En ese sentido, también se contaría con un control y una supervisión de los partidos políticos debido a que el Con­sejo del Registro Electoral está compuesto por cada uno de los miembros de los partidos que tienen representación parla­mentaria en ambas cámaras.

–El Consejo del Registro Elec­toral está compuesto por 6 representantes, uno de cada partido político que tiene representación en las ambas cámaras del Parlamento. Un representante del Partido Colorado, uno del Partido Libe­ral, uno del Frente Guasu, uno del Partido Patria Querida, uno del Partido Hagamos y ahora se le está concediendo una repre­sentación al movimiento Cru­zada Nacional.

–Esta es una cuestión que se va a debatir mucho en el Par­lamento porque ahí sí tenés posiciones encontradas en cuanto a la conformación de las mesas. Están aquellos que siguen sosteniendo que la base de la democracia y la garantía para la realización de las elecciones siempre garan­tizaron los partidos tradicio­nales. Paraguay es el único país que eligiendo métodos garantiza que, a más tardar, a las 8:00, ya con retrasos, esté conformado el 100% de las mesas en todas las elecciones.

Sin embargo, cuando se da otra modalidad de composi­ción de mesas, ya sea esta por sorteo, ya sea por funciona­rios públicos, ya sean otros tipos de gente fuera de la com­posición o de la propuesta que los partidos políticos hagan, no existe un compromiso para su conformación, y entonces lo que se generan son retrasos.

Hay quienes sostienen que debe ser una carga pública, que cualquier ciudadano puede ser miembro de mesa. Pero sabemos que punitiva­mente no tenemos cómo para poder sancionar. Cómo coac­cionaríamos si no tenemos la infraestructura suficiente para obligarle y de qué nos serviría punirlos si las elec­ciones no se llevan a cabo. Se necesita una garantía de que la realización de las eleccio­nes se harán.

Si fuesen docentes, teniendo 21.000 mesas de votación, mul­tiplicando por 3 miembros, se precisarían unos 63.000 docentes para el día de las elec­ciones.

–Todos los partidos y movi­mientos coincidieron en que la aplicación de la nueva ley de financiamiento político (modi­ficada por Ley Nº 6.167/18) es la más adecuada para realizar el efectivo control de los aportes y el financiamiento de campañas políticas. Contempla la trazabi­lidad desde el punto de inicio hasta el punto final. Establece tope, establece monto, esta­blece jornales.

No podemos opinar mucho sobre una ley que por más que ya esté en vigencia, aún no fue probada en la práctica. Recién en las próximas elecciones veremos el nivel de ejecutabi­lidad de la ley.

–Tenemos un gran problema aquí, por ejemplo: suponga­mos que tenemos una pari­dad del 50% (hombres/muje­res) y tomemos el caso del dpto. Pdte. Hayes, que tiene 2 escaños para diputados. Se hacen las internas, suponga­mos Honor Colorado versus Colorado Añetete. El candi­dato propuesto por Honor Colorado, sea varón el Nº 1 y mujer la Nº 2, y el candi­dato por Añetete de la misma manera, y supongamos que gana Añetete, por la distribu­ción del Sistema d’Hondt no le alcance para el 1 y el 2, enton­ces entra el Nº 1 de Añetete y el Nº 1 de Honor Colorado. Sin embargo, de acuerdo a la ley, dice que tiene que ser un varón y una mujer, entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a eliminar al segundo que obtuvo una cierta cantidad de votos para darle el lugar a una mujer que no tuvo cierta cantidad de votos.

Se coincidió en la Mesa de Temática de Trabajo no tratar ese tema porque era un tema que andaba en un andarivel paralelo, un grupo impul­sor de la paridad dentro de las cámaras de Diputados y Senadores. No se trata este tema para no entorpecer el trabajo que se está llevando a cabo desde la ley especial. Es un tema que no se tuvo en cuenta en esta Mesa de Temá­tica de Trabajo.

–En su momento, los propios líderes políticos menciona­ban que no era prioridad aún una reforma constitucional sin antes tener la garantía para un acceso equitativo a la Asamblea Nacional Constituyente. Coin­ciden en que este es el preludio o la condición necesaria para poder avanzar en otros temas transcendentales, deducción lógica, reforma o modificación de la Constitución Nacional. Esto, aprovechando los temas en debate, como la reelección, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y modificar ciertos procedimientos. Los tiempos políticos que se mane­jen dentro de Parlamento… dependerá exclusivamente de la voluntad de los legisladores.